La confirmación de la candidatura presidencial de Vicky Dávila ha generado un impacto significativo en el panorama político colombiano. Según información de Blu Radio, Dávila, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación, habría presentado su renuncia a la dirección de la revista Semana para dedicarse de lleno a su campaña con miras a las elecciones de 2026. Esta decisión se inscribe en una tradición de periodistas colombianos que han dado el salto a la política, como lo hicieron Juan Manuel Santos y Francisco Santos, quienes pasaron de ser comunicadores influyentes a ocupar cargos de relevancia en el Gobierno.
Desde hace meses, Vicky Dávila había sido percibida como una potencial candidata debido a sus intervenciones en distintos foros gremiales, como el de Asobancaria, donde sus planteamientos trascendieron el ámbito periodístico. Su postura crítica frente al actual Gobierno y su capacidad de revelar escándalos que han debilitado la administración de Gustavo Petro la han consolidado como una figura visible y polémica. Con esta decisión, Dávila planea llevar al debate nacional sus propuestas, buscando un electorado que se identifica con su postura crítica hacia el oficialismo.
Vicky Dávila: de periodista a crítica política
Dávila ha sido una de las periodistas más influyentes en Colombia en la última década, destacándose en televisión, radio y prensa escrita. Conocida por su estilo incisivo y directo, su cobertura ha expuesto casos de corrupción y abuso de poder, ganándose el reconocimiento y, a la vez, el rechazo de sectores políticos, especialmente de aquellos involucrados en sus investigaciones.
En particular, sus reportajes y entrevistas han puesto bajo la lupa al actual Gobierno de Gustavo Petro. Una de sus coberturas más polémicas fue la entrevista con Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, quien reveló detalles sobre el presunto uso de fondos de campaña para fines personales. Este caso fue seguido por una entrevista exclusiva con Nicolás Petro en el búnker de la Fiscalía, un episodio que no solo acaparó la atención de la audiencia nacional, sino que generó un fuerte rechazo desde sectores cercanos al Gobierno, que cuestionaron la cobertura y las filtraciones.
Otro de los momentos álgidos en su relación con el Ejecutivo fue la publicación de videos internos de la campaña de Petro, en los que se evidenciaban estrategias para «correr la línea ética» de su discurso político, según mencionó Sebastián Guanúmen en los clips. Esta publicación llevó al propio presidente a sugerir, sin pruebas, que Dávila había accedido a la información mediante el software de vigilancia Pegasus, en un intento por desacreditar su labor periodística.
Un capital político en ascenso y un electorado favorable
A diferencia de otros candidatos, Dávila cuenta con una ventaja clave en términos de reconocimiento público. Su nombre y rostro son conocidos en toda Colombia, lo que le otorga un capital político que muchos aspirantes aún no logran construir. Este reconocimiento, sumado a su imagen de férrea opositora al Gobierno, ha favorecido su posición en las encuestas recientes, donde se sitúa como una de las figuras con mayor intención de voto en el sector de la derecha.
En un contexto en el que las falencias del Gobierno de Petro han sido notorias en temas como seguridad, inflación y corrupción, la candidatura de Dávila encuentra un espacio fértil. En muchos sentidos, esta situación recuerda la coyuntura vivida en el final del gobierno de Iván Duque, cuando la oposición de izquierda capitalizó los errores del Ejecutivo para captar votos en las elecciones siguientes. Dávila, por su parte, representa una voz crítica y de cambio para aquellos ciudadanos que buscan una alternativa a la izquierda, posicionándose como un símbolo de denuncia y transparencia.
Controversias judiciales y cuestionamientos a su independencia
La trayectoria de Dávila también ha estado marcada por enfrentamientos con el aparato judicial. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, abrió una investigación a raíz de una denuncia que la acusaba de acceder ilegalmente a información mediante el software Pegasus. Aunque la Fiscalía archivó el caso, las dudas sobre la imparcialidad de las autoridades en esta investigación han suscitado un amplio debate sobre la protección de la libertad de prensa y el acceso a fuentes confidenciales.
Además, la fiscal Camargo incluyó en la misma investigación un caso presentado por el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien denunció posibles interceptaciones a su teléfono. Este cruce entre denuncias de índole tan diversa, y la falta de pruebas concretas en contra de Dávila, suscitaron interrogantes sobre la finalidad de estas investigaciones y su posible relación con las críticas de la periodista al Gobierno.
Las declaraciones de la Casa Blanca, que confirmaron que el software Pegasus no fue entregado a las autoridades colombianas y que nunca operó sin la supervisión de agencias de Estados Unidos, restaron validez a las acusaciones. Sin embargo, la vinculación de Dávila en estas investigaciones sigue siendo un tema pendiente que podría influir en su campaña presidencial.