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El expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió severas críticas tras el rechazo de la ley de financiamiento por parte de las comisiones económicas del Congreso, una normativa que proyectaba recaudar aproximadamente $9.8 billones para el presupuesto nacional de 2025.
Estos recursos estaban destinados a financiar programas estratégicos del Gobierno Petro, enfocados en mejorar el sistema de salud, la cobertura educativa y la creación de empleos formales.
Perspectivas económicas en contraste
A través de su cuenta en la red social X, Uribe reiteró su postura a favor de reducir impuestos y limitar el gasto estatal, argumentando que estas medidas generarían confianza en el sector privado e incentivarían la inversión.
Sin embargo, especialistas en economía sostienen que tales enfoques han demostrado ser insostenibles en contextos anteriores, dado que disminuyen los ingresos fiscales y afectan la capacidad estatal para responder a necesidades sociales fundamentales.
Desde la administración de Gustavo Petro, se ha defendido la ley de financiamiento como una herramienta esencial para consolidar políticas públicas incluyentes y sostenibles.
El Gobierno ha dado a conocer que sin estos recursos, iniciativas clave en salud, educación y empleo corren el riesgo de estancarse, afectando a millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, economistas progresistas argumentan que un Estado que priorice la equidad social requiere una gestión fiscal robusta, donde los impuestos se transformen en servicios esenciales y oportunidades de desarrollo. Reducir el aparato estatal, según esta visión, podría traducirse en precarización de servicios básicos y debilitamiento del tejido social.
Desafíos de la administración pública
En sus declaraciones, Uribe también cuestionó lo que considera una estructura burocrática excesiva y prácticas clientelistas persistentes en la gestión pública.
Sin embargo, expertos en políticas públicas indican que tales problemáticas son estructurales y han estado presentes durante décadas, lo que demanda reformas profundas y continuas.
El presidente Gustavo Petro calificó el hundimiento de la ley de financiamiento como “un golpe al pueblo colombiano”, resaltando que esta decisión compromete el desarrollo de programas sociales vitales. Subrayó que la alternativa no puede ser una austeridad fiscal que desmantele el Estado de bienestar.
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