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Donald Trump ha tomado una decisión sin precedentes al revocar las autorizaciones de seguridad de Joe Biden, Kamala Harris y otros destacados opositores políticos.
La medida, anunciada en un memorando presidencial el 21 de marzo, amplía su estrategia de limitar el acceso a información confidencial de quienes considera enemigos.
La directiva también afecta a figuras clave del Partido Demócrata y exfuncionarios de alto perfil, como Antony Blinken, Liz Cheney y Letitia James. Además, rompe con la tradición al prohibir que la familia de Biden acceda a datos clasificados, una práctica que históricamente se ha mantenido en favor de la continuidad institucional.
Trump endurece su control sobre la información clasificada
En el memorando, Trump argumentó que permitir el acceso de estas personas a información de inteligencia ya no beneficia al interés nacional.
Ordenó a todas las agencias ejecutivas revocar sus autorizaciones y prohibir su entrada sin escolta a instalaciones gubernamentales seguras.
Esta decisión sigue los pasos de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, quien ya había revocado autorizaciones a exfuncionarios de inteligencia que cuestionaron la autenticidad de la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020.
En aquel entonces, dichos exfuncionarios sugirieron que el escándalo podría haber sido desinformación rusa.
Además de excluir a Biden de las reuniones informativas de inteligencia, Trump también eliminó la protección del Servicio Secreto para Hunter y Ashley Biden, argumentando que se estaba gastando un número excesivo de agentes en su seguridad.
Una purga con implicaciones políticas
La lista de afectados incluye a fiscales y testigos que han participado en investigaciones y procesos judiciales contra Trump, como Letitia James, Alvin Bragg y Fiona Hill.
También están los exlegisladores republicanos Liz Cheney y Adam Kinzinger, quienes fueron miembros clave del comité que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
La medida refuerza la postura de Trump de enfrentar a sus opositores con herramientas de seguridad nacional y marca un giro hacia un enfoque más confrontativo en su segundo mandato.
Al convertir las autorizaciones de seguridad en un nuevo frente de disputa política, la división en Washington parece profundizarse aún más.
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