Soldado Ángel Alberto Cerquera García fue asesinado en la vereda Tierra Nueva, ubicada en el municipio de Morales, Bolívar, mientras participaba en una operación militar. El soldado, quien pertenecía al Batallón de Infantería de Selva N.º 48, fue abatido por un disparo de un francotirador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que impactó fatalmente en su cuerpo. A pesar de los esfuerzos realizados por el enfermero de combate que lo acompañaba, Cerquera no logró sobrevivir a la gravedad de la herida.
Este ataque no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el ELN ha incrementado las agresiones contra la fuerza pública en diversas regiones del país, generando alarma tanto en la opinión pública como en las autoridades. La situación ha sido calificada como una «campaña de terror», que incluye ataques con francotiradores y sabotajes al oleoducto Caño Limón-Coveñas. La continuidad de estos actos plantea una problemática cada vez más compleja en las zonas donde el ELN busca consolidar su presencia.
Apoyo a la familia y respuesta institucional tras el ataque en Bolívar
Tras la noticia de la muerte del soldado, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que extendió su pésame a la familia del militar. Un equipo interdisciplinario fue activado para ofrecer apoyo integral a sus seres queridos. “Extendemos nuestro más profundo sentido pésame y elevamos plegarias por su descanso eterno”, declaró el Ejército.
A su vez, se reafirmó el compromiso de las tropas del Ejército Nacional de continuar con las operaciones militares en Bolívar, en línea con su misión de garantizar la seguridad y la protección de la población civil en estas áreas conflictivas. Las autoridades han declarado que trabajarán incansablemente para dar con los responsables de lo que consideran un «cobarde ataque» que cobró la vida de un soldado que defendía la paz en la región.
La muerte de Ángel Alberto Cerquera es solo el último eslabón en una cadena de agresiones. En la última semana, otros dos miembros de la fuerza pública –un soldado y un policía– también fueron abatidos por francotiradores del ELN en Norte de Santander, lo que evidencia una estrategia planificada y meticulosamente ejecutada por parte de este grupo armado ilegal.
ELN intensifica su campaña de ataques con francotiradores en Norte de Santander
En Norte de Santander, la situación de orden público se ha visto profundamente alterada por las acciones del ELN. Según el coronel Leonardo Ferreira, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, la violencia ha aumentado drásticamente desde que el ELN rompió el cese al fuego bilateral con el Estado colombiano. En los últimos meses, la guerrilla ha asesinado a siete funcionarios de la fuerza pública, empleando francotiradores y explosivos para sabotear las operaciones de seguridad.
Ferreira destacó que el ELN aprovecha la necesidad de la fuerza pública de responder a los ataques y amenazas contra infraestructuras estratégicas y comunidades, para emboscarlos mediante francotiradores. Cada vez que se produce una voladura en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, por ejemplo, las tropas deben acudir para proteger a la población, situación que el ELN explota mediante ataques sorpresa.
“Estos grupos se han dedicado a asesinar a nuestros hombres con francotiradores. Son individuos que llevan bastante tiempo entrenándose y son muy efectivos», explicó el coronel Ferreira, quien también señaló que los francotiradores del ELN pueden acertar a sus objetivos a distancias de hasta 800 metros. «Ellos buscan causar daño y afectan directamente a las tropas; de inmediato esconden el arma y huyen en motocicleta», añadió.
La tecnología y entrenamiento militar de los francotiradores del ELN representan un desafío crítico para las fuerzas de seguridad. Los ataques suelen producirse a larga distancia, empleando proyectiles que pueden penetrar chalecos balísticos, dejando a las tropas vulnerables. Esto demuestra una capacidad operativa avanzada y un dominio del terreno por parte del ELN, que se mimetiza entre la población civil para evitar ser capturados o neutralizados.
Consecuencias de la estrategia del ELN en el ámbito de la seguridad pública
La escalada de violencia del ELN no solo afecta a los miembros de la fuerza pública, sino también a las comunidades locales, quienes sufren la constante zozobra de vivir en zonas de confrontación. Las autoridades han recibido múltiples denuncias de comunidades en Norte de Santander y Bolívar que aseguran que la guerrilla utiliza sus territorios para instalar explosivos y armas de fuego, exponiéndolos a riesgos extremos.
La relación entre el ELN y las comunidades se ve entorpecida por la coerción que este grupo armado impone en las zonas bajo su influencia, debilitando los vínculos entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad del Estado. Las tácticas de sabotaje, sumadas al acecho de francotiradores, evidencian una estrategia de intimidación y control territorial que ha complicado enormemente las labores de los organismos de seguridad y defensa en estas áreas.
Ante la reiteración de estos ataques, la fuerza pública ha solicitado al Gobierno nacional un refuerzo en recursos y estrategias para contrarrestar las agresiones y neutralizar la amenaza del ELN en el país. La utilización de tecnología de vigilancia, drones y sistemas de detección de explosivos se vislumbra como una posible solución para enfrentar la amenaza.
¿Cuál será la respuesta del Gobierno y la fuerza pública ante la ofensiva del ELN?
La ofensiva del ELN contra la fuerza pública, especialmente mediante el uso de francotiradores, plantea serios retos para el Estado colombiano en materia de seguridad y protección ciudadana. Mientras el Ejército y la Policía Nacional luchan por mantener el orden en zonas donde la presencia de este grupo armado es considerable, la sociedad colombiana observa con preocupación la escalada de violencia y espera una respuesta contundente por parte del Gobierno para frenar la arremetida guerrillera.
El panorama actual, marcado por el aumento de ataques y la complejidad operativa del ELN, lleva a preguntarse cuáles serán las próximas medidas del Estado para asegurar la paz en estas zonas y proteger tanto a sus fuerzas de seguridad como a las comunidades. ¿Podrá el Gobierno colombiano responder eficazmente ante esta ola de ataques y restaurar la calma en las regiones más afectadas? La situación exige una solución pronta y efectiva, que pueda devolver la tranquilidad a estas regiones del país.
