El Consejo de Estado ha emitido una sentencia histórica que responsabiliza a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por la tragedia ocurrida el 18 de mayo de 2014, en la que 33 niños y un adulto perdieron la vida tras el incendio de una buseta. Este fatídico evento sigue siendo una herida abierta para la comunidad de Fundación, Magdalena, y ha sido calificado como un ejemplo de negligencia institucional y colectiva.
Los hechos que conmocionaron a Fundación y al país
Aquel domingo 18 de mayo de 2014, cerca del mediodía, una buseta de servicio especial con placas UV8-556 transportaba a 60 niños y un adulto, quienes regresaban a sus hogares tras participar en actividades evangelizadoras organizadas por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. A la altura de la vía que conecta a Fundación con Bosconia, en Cesar, el vehículo dejó de funcionar.
Según el Consejo de Estado, el conductor manipuló gasolina dentro del vehículo, intentando solucionar la falla, pero no tomó la precaución de evacuar a los ocupantes. Minutos después, un incendio se originó en la parte delantera de la buseta, lo que desató el pánico. Los niños se aglomeraron en la parte posterior, pero las llamas bloquearon la única salida disponible, atrapándolos y provocando la muerte de 33 menores y un adulto. Los sobrevivientes sufrieron graves lesiones físicas y psicológicas.
Este trágico suceso fue resultado de una cadena de omisiones y fallos. La buseta, de 20 años de antigüedad, operaba bajo condiciones irregulares: tenía la licencia de tránsito cancelada, carecía de revisión técnico-mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) estaba vencido. Además, el conductor no contaba con una tarjeta de conducción vigente y estaba desvinculado laboralmente de la empresa de transporte Coonortin de Barranquilla.
Las responsabilidades establecidas por el Consejo de Estado
El Consejo de Estado determinó que el siniestro fue causado por un cúmulo de negligencias que comprometieron a múltiples actores:
- La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia fue condenada como principal responsable, asumiendo el 80% de la indemnización, equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Según el fallo, la Iglesia no realizó una adecuada verificación de las condiciones del vehículo ni del conductor contratado para transportar a los niños, lo que evidenció una falta de diligencia en la protección de los menores bajo su cuidado.
- El municipio de Fundación deberá pagar el 10% de la condena total, correspondiente a 1.790 SMLMV, por no garantizar un adecuado control y supervisión sobre el transporte público en su jurisdicción, permitiendo que un vehículo en condiciones ilegales operara con normalidad.
- El Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación también asumirá el 10% de la condena total, equivalente a 1.790 SMLMV, por no ejercer su deber de inspeccionar y sancionar las irregularidades del vehículo y del conductor.
Un caso de negligencia que marcó al país
El incendio de la buseta en Fundación es un ejemplo trágico de cómo la combinación de falta de regulación, descuido institucional y negligencia individual puede tener consecuencias devastadoras. Para las familias de las víctimas, la sentencia del Consejo de Estado representa un paso hacia la justicia, pero no puede reparar el dolor ni las pérdidas sufridas.
La tragedia también evidencia la necesidad urgente de fortalecer la supervisión y regulación del transporte público en el país, especialmente en contextos donde se involucran menores de edad. En este caso, fallas en la coordinación entre la Iglesia, el municipio y las autoridades de tránsito permitieron que un vehículo en condiciones precarias fuera utilizado para una actividad de alto riesgo.
¿Qué sigue para las víctimas y sus familias?
Han pasado casi 10 años desde la tragedia, pero el recuerdo del 18 de mayo de 2014 sigue vivo en la memoria colectiva de Fundación. Cada aniversario de esta fecha es un recordatorio del dolor y la pérdida que sufrieron tantas familias. Aunque la sentencia establece indemnizaciones individuales y colectivas, los familiares de las víctimas también han insistido en la necesidad de medidas preventivas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
El fallo también lanza un mensaje claro a instituciones públicas y privadas sobre su responsabilidad en la protección de la vida y seguridad de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. La tragedia de Fundación no solo es un llamado a la justicia, sino también a la reflexión y acción para corregir los vacíos estructurales que permitieron que ocurriera.
