Tigo solicita autorización para despido colectivo ante desafíos económicos y operativos

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Tigo, la empresa de telecomunicaciones UNE EPM, ha solicitado este martes al Ministerio del Trabajo autorización para llevar a cabo un despido colectivo, una medida que se fundamenta en razones técnicas, operativas y financieras.

Según la compañía, esta decisión se toma después de un exhaustivo análisis estructural, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad operativa frente a los desafíos económicos que enfrenta la industria de telecomunicaciones en Colombia.

La empresa de telecomunicaciones Tigo busca optimizar su operación a través de un despido colectivo. Foto / Tigo

Fortalecimiento estratégico y alianzas clave

La empresa ha detallado que, debido a la situación financiera y la necesidad de adaptarse al entorno actual, la medida es crucial para fortalecer su desempeño a largo plazo.

La solicitud se da en un contexto marcado por una compleja situación financiera vivida por Tigo al cierre de 2023.

En ese momento, la compañía requirió un rescate financiero por $600.000 millones, respaldado por sus principales accionistas.

Este respaldo permitió a la empresa iniciar un proceso de recuperación que ha continuado durante 2024, con el objetivo de estabilizar sus operaciones y asegurar su crecimiento en el competitivo mercado colombiano de telecomunicaciones.

A lo largo de 2024, Tigo ha logrado consolidar su posición en el sector gracias a una serie de estrategias que incluyen una alianza clave con Movistar, uno de los principales actores del sector en Colombia.

Esta asociación estratégica ha sido fundamental para que la compañía pueda mejorar su competitividad, optimizando recursos y procesos para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios.

Un avance significativo en este proceso fue la aprobación, en diciembre de 2024, de la creación de una red única de acceso móvil entre Tigo y Movistar, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Este acuerdo representa un paso crucial para ambas compañías y para el sector, ya que permitirá operar sobre una infraestructura compartida.

La nueva sociedad independiente que gestionará la infraestructura común optimizará costos y recursos, sin que las empresas pierdan su autonomía jurídica y comercial.

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