En los últimos años, las calles de Dosquebradas, en particular sectores como Molivento, la zona de las bodegas en La Badea, y La Variante, se han convertido en escenarios recurrentes de prácticas ilícitas que preocupan a la ciudadanía y desafían el control de las autoridades. Se trata de carreras ilegales de motociclistas, eventos que reúnen a cerca de 3.000 asistentes y generan una serie de problemas adicionales, más allá del ruido y la perturbación del orden en zonas residenciales.
Las denuncias por parte de los habitantes de estos sectores se han incrementado, señalando no solo el impacto del bullicio nocturno, sino también la proliferación de actividades ilícitas asociadas a estas concentraciones. El consumo y tráfico de drogas, así como las apuestas ilegales, se han convertido en una constante durante estos eventos. Eisenhower Zapata, investigador social y defensor de derechos humanos en Risaralda, subraya que la solución no pasa por habilitar pistas destinadas a estas actividades, ya que gran parte de la atracción que encuentran los participantes radica en la ilegalidad y la adrenalina generada por la persecución de la Fuerza Pública
La situación se complica aún más con la inclusión de menores de edad en las competencias, variaciones según la categoría de las motos, y la presencia o ausencia de acompañantes y persecuciones policiales. Las apuestas en estas carreras no son menores, superando en ocasiones los $500.000, lo que subraya el carácter lucrativo y, por ende, la dificultad de erradicar estas prácticas.
Eisenhower Zapata propone un operativo de gran envergadura para enfrentar esta problemática. Sus medidas incluyen la inmovilización de motocicletas, la suspensión de licencias de conducción y la judicialización de los responsables. Sin embargo, Zapata reconoce que la capacidad actual de la fuerza pública y los agentes de tránsito en el municipio es insuficiente para llevar a cabo una intervención efectiva que garantice la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos afectados
Esta problemática no solo se limita al ámbito local, sino que refleja una dinámica compleja que desafía la capacidad de respuesta de las autoridades. La falta de una solución a largo plazo y contundente se traduce en una creciente preocupación entre los residentes, quienes ven cómo la tranquilidad de sus vecindarios se ve alterada regularmente por estos eventos ilegales.
Es imperativo que las autoridades evalúen y trabajen en medidas más considerables y sostenibles para intervenir en esta situación que, año tras año, enciende alarmas en Dosquebradas y Pereira. La colaboración entre distintos actores de la comunidad, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y el desarrollo de estrategias de prevención y educación podrían ser pasos cruciales hacia la resolución de este desafío que afecta la calidad de vida en la región.
