La Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de líderes sociales, excombatientes y otras personas en situación de riesgo, emitió un comunicado en el que denuncia presuntas irregularidades en el esquema de protección asignado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Según la UNP, Mancuso habría realizado modificaciones no autorizadas a los vehículos de su esquema de seguridad y permitido el acceso a personas armadas que no estaban autorizadas para ser transportadas en dichos vehículos.
“La UNP le hizo un llamado de atención a Mancuso Gómez porque el protocolo de protección no permite la modificación de los vehículos ni de ningún implemento del esquema, así como tampoco el acceso de personas armadas no autorizadas”, señala el comunicado oficial. Este pronunciamiento pone de manifiesto la necesidad de respetar los protocolos establecidos, especialmente en un caso de tan alta sensibilidad como el del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un esquema de protección robusto, pero con condiciones claras
En respuesta a las preocupaciones surgidas, la UNP subrayó que el esquema de protección asignado a Salvatore Mancuso no ha sido debilitado ni anulado. De hecho, afirmaron que este ha sido “unificado, consolidado y, además, extendido a su familia”. Este reforzamiento del esquema se dio luego de que Mancuso pasara de estar sujeto a la Justicia Especial para la Paz (JEP) a ser gestor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un rol que le exige movilizarse y trabajar en diferentes territorios como parte de los esfuerzos de reparación y reconciliación en el posconflicto.
El esquema actual fue diseñado para ser acorde a su nivel de riesgo, que sigue siendo alto dado su pasado como líder paramilitar y su colaboración con la justicia en procesos que lo han convertido en blanco de amenazas. Sin embargo, la entidad hizo un llamado enfático a Mancuso y a todos los beneficiarios de estos esquemas a hacer un uso responsable de las medidas de protección. “La aplicación rigurosa de los protocolos es clave para garantizar su seguridad y evitar sanciones o el desmonte del esquema”, reiteraron en su comunicado.
La polémica: ¿modificaciones o violaciones al protocolo?
La denuncia de la UNP plantea preguntas sobre el manejo que Mancuso estaría dando a su esquema de protección. Aunque la entidad no detalló qué tipo de modificaciones habrían sido realizadas, estas podrían incluir alteraciones en la estructura de los vehículos o la incorporación de elementos no autorizados. Además, la presencia de personas armadas que no forman parte del esquema oficial es una violación directa de los protocolos de la UNP y representa un riesgo no solo para el protegido, sino también para el personal de seguridad asignado.
El caso de Mancuso es especialmente delicado, dado su papel histórico en el conflicto armado colombiano y su relevancia en procesos judiciales como gestor de paz. Mancuso ha sido un actor central en el esclarecimiento de la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia, lo que lo ha expuesto a constantes amenazas. Sin embargo, este tipo de irregularidades genera dudas sobre su compromiso con las condiciones de los esquemas de protección y podría derivar en sanciones que lo dejen en una situación de mayor vulnerabilidad.
Tensiones entre la UNP y los beneficiarios de esquemas de protección
El caso de Salvatore Mancuso no es aislado en el historial de tensiones entre la UNP y los beneficiarios de sus esquemas. La entidad enfrenta críticas constantes por las condiciones en que opera, con denuncias recurrentes sobre la falta de recursos, demoras en la asignación de medidas de protección y, en algunos casos, presuntos actos de corrupción dentro de la institución.
Por otro lado, la UNP ha insistido en la importancia de que los beneficiarios respeten los protocolos establecidos para garantizar la efectividad de los esquemas y evitar abusos. “El buen uso de los esquemas de protección no solo es una responsabilidad del Estado, sino también de quienes los reciben”, ha sido un argumento recurrente por parte de la dirección de la entidad.
En este contexto, el caso de Mancuso se suma a una lista de incidentes que revelan la complejidad de garantizar seguridad en un país donde las amenazas son constantes y los recursos limitados.
¿Qué sigue para Mancuso y la UNP?
El pronunciamiento de la UNP pone en el centro del debate la necesidad de reforzar la vigilancia sobre el uso de los esquemas de protección, especialmente en casos de alto perfil como el de Salvatore Mancuso. Aunque la entidad no ha tomado medidas más drásticas, como el desmonte del esquema, queda la incertidumbre de si este tipo de advertencias serán suficientes para garantizar el cumplimiento de los protocolos.
En un país donde la seguridad de excombatientes y líderes sociales sigue siendo un tema crítico, ¿cómo puede la UNP garantizar que los esquemas asignados no solo sean efectivos, sino también respetados por sus beneficiarios?
