Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y excomandante de la extinta guerrilla de las Farc, lanzó una fuerte crítica contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por lo que considera una falta de avances en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. A través de un hilo en la red social X (antes Twitter), Londoño expresó su preocupación por los problemas de reincorporación de los excombatientes, la seguridad de los firmantes del acuerdo y los recientes debates sobre las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las principales críticas de Rodrigo Londoño
En su pronunciamiento, Londoño destacó que la paz en Colombia atraviesa un momento crítico, subrayando tres puntos principales:
- Falta de renta básica para excombatientes: Londoño lamentó que, pese a ser un compromiso fundamental del Acuerdo de Paz, miles de excombatientes no han recibido la renta básica necesaria para su proceso de reincorporación. Este retraso afecta directamente las condiciones de vida de quienes apostaron por dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.
- Críticas al modelo de sanciones de la JEP: El líder político rechazó una propuesta reciente del Ministerio de Justicia sobre el modelo de sanciones propias de la JEP. Según Londoño, la propuesta se asemeja más a “colonias penales” que a un enfoque restaurativo, lo cual va en contra de la esencia de la justicia transicional pactada en el Acuerdo.
- Asesinatos de firmantes: Londoño denunció que en diciembre de 2024 han sido asesinados cuatro firmantes del Acuerdo, lo que eleva a 443 el número total de homicidios de excombatientes desde 2016. Este dato evidencia el grave riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo, muchos de los cuales viven bajo constantes amenazas en regiones afectadas por el conflicto armado.
En su mensaje, Londoño hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro: “El pueblo lo eligió para consolidar la paz de Colombia. Pido que honre el Acuerdo y el mandato popular que lo eligió presidente”.
La respuesta de Gustavo Petro
Horas después de las declaraciones de Londoño, el presidente Gustavo Petro respondió en sus redes sociales, asegurando que el financiamiento para la implementación del Acuerdo de Paz está garantizado. Según Petro, las partidas destinadas a los excombatientes y a las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) serán financiadas mediante traslados presupuestales tras la firma del decreto de liquidación el 31 de diciembre.
El mandatario afirmó: “Ni un peso se quitará a la financiación del acuerdo de paz con las Farc. Siendo una declaración unilateral de estado ante el mundo desde el año 2016, es de absoluto cumplimiento por parte de todas las ramas del poder público”.
A pesar de esta declaración, persisten dudas entre líderes del partido Comunes y organizaciones de la sociedad civil sobre la capacidad del gobierno para priorizar el cumplimiento del acuerdo, especialmente en medio de la política de “paz total”, que busca negociar con múltiples actores armados.
Las deudas pendientes del Acuerdo de Paz
El cuestionamiento de Londoño no es un hecho aislado. Informes recientes de organizaciones como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y el Instituto Kroc, encargado de monitorear la implementación del Acuerdo, han señalado una serie de desafíos y retrasos en áreas clave:
- Reincorporación económica y social: La falta de cumplimiento en la entrega de tierras y la sostenibilidad de los proyectos productivos de los excombatientes sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Sin estas garantías, los firmantes enfrentan dificultades para generar ingresos y reinsertarse plenamente en la sociedad.
- Seguridad de los excombatientes: Los homicidios de firmantes del Acuerdo son un recordatorio constante de los riesgos que enfrentan. Aunque el gobierno ha anunciado planes para mejorar la protección, la implementación de estas medidas sigue siendo insuficiente.
- Cumplimiento en las zonas PDET: Estas regiones, priorizadas en el Acuerdo para el desarrollo rural integral, han avanzado lentamente en la ejecución de proyectos que buscan cerrar las brechas históricas de desigualdad y violencia en el campo colombiano.
- Justicia transicional: El reciente debate sobre las sanciones propias de la JEP refleja la tensión entre los principios restaurativos de la justicia transicional y propuestas que podrían desvirtuar su esencia.
La «paz total» y sus desafíos
El gobierno Petro ha apostado por una política de paz total que busca ampliar los esfuerzos de negociación más allá de las Farc, incluyendo a grupos como el ELN, disidencias armadas y organizaciones criminales. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por diluir los compromisos específicos del Acuerdo de 2016, al tratar de abarcar demasiados frentes sin una hoja de ruta clara.
El pronunciamiento de Londoño subraya esta tensión: mientras el gobierno prioriza acuerdos con nuevos actores, los firmantes del Acuerdo de Paz enfrentan un incumplimiento que pone en riesgo la credibilidad del proceso y la confianza de quienes dejaron las armas.
