El reciente caso de la niña Sofia Delgado ha conmocionado a Colombia, recordándonos una realidad desgarradora: nuestros niños están en peligro, y el Estado no está cumpliendo con su deber de protegerlos., no es un incidente aislado. Cada día, miles de menores son víctimas de violencia sexual y desapariciones. En 2023, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó más de 15,000 casos de abuso sexual contra menores. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho mayor, ya que muchos casos no se denuncian por miedo o desconfianza en el sistema judicial.
Es inaceptable que en un país que aspira a la paz, las garantías de justicia para las víctimas sean tan deficientes. Los procesos judiciales son largos y tortuosos. Los victimarios, en muchos casos, ni siquiera llegan a juicio. Según la Fiscalía, solo el 10% d
los casos de abuso sexual en menores llegan a una sentencia. Esto refleja la inoperancia de un sistema que parece más interesado en dilatar los procesos que en garantizar
justicia.
La justicia colombiana necesita una reforma estructural. Debe implementarse un sistema que agilice los procesos judiciales, evitando que los agresores se escapen entre los vacíos legales. Los recursos humanos y económicos deben estar dirigidos a fortalecer la investigación forense y la protección de los derechos de las víctimas, sobre todo de los niños. No puede haber excusas para justificar la impunidad.
Mientras el Estado siga fallando en su deber de proteger a los más vulnerables, surge una pregunta inquietante: ¿es la pena de muerte una opción válida para los violadores y asesinos de niños? Colombia, como sociedad, debe debatir seriamente sobre cómo quiere responder ante la barbarie. Pero lo que es innegable es que algo debe cambiar, y debe hacerlo ya. ¿Cuántas vidas más estamos dispuestos a perder mientras esperamos?
Este caso abre una pregunta que, aunque incómoda, debemos hacernos: ¿merecen los violadores y asesinos de niños la pena de muerte? Si la justicia continúa fallando, ¿es esta la única respuesta posible ante tanta crueldad? Como sociedad, debemos decidir hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar la impunidad.
