La Procuraduría General de la Nación ha decidido extender la investigación disciplinaria contra tres figuras políticas de gran relevancia en Risaralda. Se trata de Sigfredo Salazar Osorio, exgobernador del departamento entre 2016 y 2019; Víctor Manuel Tamayo Vargas, exgobernador (2020-2023); y Adrián Serna Marín, exalcalde del municipio de La Celia (2016-2019). Estos mandatarios están siendo investigados por presuntas irregularidades en la administración de los recursos del Sistema General de Regalías durante sus periodos de gestión.
La Procuraduría Delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías ha emitido un auto que extiende la duración de esta investigación por dos meses más, conforme a lo estipulado en el expediente No. E-2023-393640 / D-2023-3079229.
¿Por qué se extendió la investigación?
La decisión de prorrogar la investigación disciplinaria surge del análisis de la documentación y de las pruebas recogidas hasta la fecha. La medida fue anunciada en un auto emitido el 27 de agosto de 2024 por el Procurador Delegado, que considera necesaria una extensión de dos meses adicionales para continuar el proceso y esclarecer si hubo o no mal manejo de los recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías.
El Sistema General de Regalías tiene como objetivo financiar proyectos de desarrollo regional y mejorar la calidad de vida en los territorios mediante el uso de las regalías que produce la explotación de recursos naturales. Las presuntas irregularidades detectadas apuntan a un posible uso indebido de estos fondos, lo que ha generado gran interés público en Risaralda, especialmente dada la magnitud de los proyectos que podrían estar involucrados.
Decisión clave del Procurador Delegado
El auto del 27 de agosto incluye varias resoluciones importantes, entre las cuales destacan:
- Prórroga de la investigación: Se extiende el plazo de la investigación por dos meses más, lo que permite continuar con la revisión de los hechos y la recopilación de pruebas para garantizar una resolución justa y acorde con la normativa disciplinaria vigente.
- Notificación de la prórroga: La Procuraduría General debe notificar oficialmente a los involucrados la decisión de la prórroga, tal como lo establece el artículo 121 de la Ley 1952 de 2019.
- Traslado de la Opinión Técnica: A los procesados se les otorgarán tres días para responder a la Opinión Técnica, que será enviada a sus correos electrónicos. Este documento, clave en el proceso, recoge el análisis técnico sobre los hechos investigados.
- Providencia sin recursos: Cabe destacar que la providencia emitida no admite recurso alguno, lo que implica que los investigados deberán acatar la decisión sin la posibilidad de apelar.
Esta decisión tiene un gran peso en la política regional, ya que involucra a dos exgobernadores de Risaralda y un exalcalde de un municipio .
Edicto y notificaciones formales
En cuanto a la parte procesal, el edicto fue fijado el 3 de octubre de 2024 en la sede de la Procuraduría Delegada, ubicada en el edificio Avianca en Bogotá, a las 8:00 de la mañana. Este edicto permanecerá visible durante tres días hábiles, un paso indispensable para garantizar que los disciplinados, Sigfredo Salazar Osorio y Adrián Serna Marín, estén debidamente notificados y respondan dentro del plazo legal establecido.
Además, según el artículo 115 del Código Disciplinario Único, los procesados tienen la obligación de mantener reserva sobre el proceso en curso, evitando así la divulgación de información que pueda entorpecer el debido desarrollo de la investigación. La severidad de estas disposiciones resalta la importancia de la transparencia en el uso de los recursos del Estado y refuerza la necesidad de un manejo adecuado de los mismos.
