La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia por la presunta interceptación ilegal de comunicaciones a magistrados de la Corte Constitucional y perfilamiento a familiares de funcionarios judiciales.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según dieron a conocer medios de comunicación, se investigarán las denuncias hechas sobre la posible persecución de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta Corporación, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes.
Como parte del proceso que se adelantará, el Ministerio Público revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchará, por resultar relevante y de interés, al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que, si es su deseo, narre en calidad de quejoso las circunstancias sobre las presuntas irregularidades objeto de la actuación.
La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
