La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Margarita Cabello, y la Fiscalía General, encabezada por Luz Adriana Camargo, presentan versiones divergentes en torno a la supuesta adquisición del software de espionaje Pegasus en Colombia, durante el gobierno de Iván Duque. La controversia se desató a raíz de denuncias del actual presidente, Gustavo Petro, quien afirmó que el software había sido comprado para realizar interceptaciones no autorizadas, lo que generó una profunda preocupación sobre posibles abusos de poder.
Cabello y Camargo han avanzado en investigaciones paralelas que, sin embargo, han arrojado hallazgos contradictorios. Mientras la fiscal Camargo asegura que la transacción se efectuó y especifica que se desembolsaron $11 millones de dólares en dos pagos, Cabello sostiene que, hasta la fecha, no existen pruebas de la compra o instalación del sistema en entidades oficiales, y mucho menos de una orden presidencial para llevarla a cabo.
Dos líneas de investigación y versiones enfrentadas
La procuradora Cabello afirmó que las investigaciones se han enfocado en dos ejes principales: una denuncia presentada por magistrados de las cortes, quienes reportaron interceptaciones irregulares en su contra, y una segunda línea que se abrió tras la declaración de Petro en una alocución presidencial. Sin embargo, la Procuraduría no ha encontrado aún rastros del software en las entidades investigadas, como la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), y asegura que, de existir, habría registros en el sistema de compras públicas Secop y Secop2, donde deben consignarse todas las adquisiciones oficiales.
«Hasta el momento, no hay rastros oficiales de la existencia de Pegasus en Colombia. No hemos encontrado una orden presidencial ni evidencias de gastos reservados asignados para este fin», afirmó Cabello. Además, señaló que se ha solicitado información a la Dirección de Inteligencia de la Policía y que, tras realizar inspecciones disciplinarias, los directivos de la entidad informaron no tener evidencia de compras, contratos o registros asociados con Pegasus.
La postura de la Fiscalía: detalles de una presunta transacción millonaria
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, contradijo abiertamente los hallazgos de la Procuraduría, afirmando que la compra del software Pegasus sí ocurrió y fue valorada en $11 millones de dólares, una operación que se ejecutó en dos pagos. Según Camargo, en junio se habría realizado el primer desembolso de $5,5 millones de dólares, transacción registrada bajo un formulario de operación cambiaria en efectivo, presuntamente dirigido a Israel, país de origen del software.
«La operación de compra existió. Los registros financieros muestran la llegada del dinero en efectivo y en dólares, lo que valida su ingreso al país receptor», aseguró Camargo. Esta declaración se basa en un análisis de las entradas de dinero realizado por la Fiscalía, aunque la Procuraduría insiste en que aún no se han encontrado pruebas directas en el sistema oficial de contrataciones.
Camargo mencionó además que la transacción se realizó utilizando mecanismos de gastos reservados, una práctica común en operaciones de inteligencia en muchos países. Sin embargo, en Colombia, la falta de transparencia en el uso de estos recursos para operaciones tan sensibles como la adquisición de software de espionaje ha generado serias preocupaciones éticas y legales.
La Procuraduría continúa sin evidencias de la compra en registros oficiales
A pesar de las declaraciones de Camargo, la procuradora Cabello subrayó que la falta de pruebas en el sistema de compras públicas y en los registros de la Dipol lleva a la Procuraduría a mantener su postura. La funcionaria señaló que se ha realizado una serie de inspecciones en la Dipol, entidad encargada de la inteligencia policial, y que la institución ha declarado que no cuenta con evidencia de Pegasus, ni de órdenes de compra, ni de registros en Secop o en los mecanismos de gasto reservados.
Cabello también mencionó que en los próximos días la Procuraduría planea citar a altos funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de la Dipol y de otras entidades gubernamentales involucradas, con el fin de recopilar información adicional. Esta serie de diligencias busca clarificar si hubo desvíos de recursos o posibles irregularidades en la asignación de gastos para fines de inteligencia.
Además, la Procuraduría reiteró la importancia de estas audiencias, ya que el supuesto uso de Pegasus podría violar derechos fundamentales y la privacidad de ciudadanos, magistrados y otras personas objeto de vigilancia sin justificación legal.
La adquisición de Pegasus y los antecedentes de espionaje en Colombia
El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha estado envuelto en múltiples controversias alrededor del mundo. Con capacidades avanzadas de espionaje, permite interceptar comunicaciones, acceder a datos personales e incluso activar micrófonos y cámaras en dispositivos móviles sin conocimiento del usuario. En países como México y España, su uso ha sido tema de debate y escándalos políticos, con múltiples denuncias de uso indebido para espiar a periodistas, políticos y activistas.
En Colombia, la sombra del espionaje no es un tema nuevo. Durante años, se han denunciado casos de interceptaciones ilegales, como el escándalo del DAS en 2009, cuando se reveló que la extinta agencia de inteligencia espiaba a periodistas y opositores. La presunta adquisición de Pegasus por el gobierno de Iván Duque revive estas preocupaciones y subraya la necesidad de controles estrictos en las actividades de inteligencia.
¿Un caso de desinformación o un problema de transparencia?
Las versiones contradictorias entre la Procuraduría y la Fiscalía plantean preguntas sobre la transparencia en el uso de recursos para fines de inteligencia en Colombia. Si bien Camargo asegura que la transacción ocurrió y que hay pruebas del ingreso de los fondos, la falta de documentación en el sistema oficial genera dudas sobre si el software fue adquirido legalmente, o si la operación fue ocultada intencionalmente para realizar espionaje sin rendición de cuentas.
El caso de Pegasus en Colombia subraya la complejidad y los riesgos asociados con el uso de herramientas de espionaje en el marco de gobiernos democráticos. La falta de claridad y las posibles inconsistencias en los registros oficiales dejan abierta una puerta para especulaciones, y al mismo tiempo, para la vulneración de derechos fundamentales.
