La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad clave en la atención de emergencias en Colombia, enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. El caso, que involucra a altos funcionarios del Gobierno, ha derivado en preacuerdos judiciales para al menos seis de los implicados, entre ellos Olmedo López, exdirector de la entidad. Las investigaciones revelan un entramado de malversación de fondos públicos que asciende a más de 380 mil millones de pesos y afecta directamente la gestión de recursos destinados a regiones vulnerables como La Guajira.
Olmedo López: el hombre clave en el caso
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, es el principal protagonista de este entramado. Actualmente recluido en una guarnición militar, López firmó un preacuerdo con la Fiscalía aceptando los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. A cambio, recibirá una condena de 85.4 meses de prisión (siete años, un mes y 12 días), deberá pagar una multa de más de 3.000 salarios mínimos y devolver 724 millones de pesos que se apropió ilegalmente.
La investigación inicial apuntó a un contrato por 46.800 millones de pesos destinado a la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a La Guajira. Según las pruebas recopiladas, López y otros implicados inflaron los costos y desviaron fondos para beneficiar a terceros. En sus declaraciones, López ha revelado detalles de la red de corrupción, entregando una lista de 25 personas vinculadas al desfalco, lo que podría desencadenar nuevas imputaciones en las próximas semanas.
Una red que toca a altos funcionarios
El impacto del caso trasciende a la UNGRD y llega a figuras de alto perfil en el Gobierno. Entre los implicados está el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado por coordinar junto con López la adjudicación irregular de contratos por un valor de 92.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, estas acciones buscaban beneficiar a cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara a cambio de apoyo político para ampliar el cupo de endeudamiento del Gobierno.
La lista de investigados incluye también a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Ambos enfrentan acusaciones de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Por su parte, Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y cercano al presidente Gustavo Petro, renunció en julio tras verse salpicado por las denuncias.
Los otros cinco implicados y sus condenas
Además de López, otros cinco involucrados han firmado preacuerdos con la Fiscalía. Entre ellos se encuentran:
- Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo del Riesgo de la UNGRD, quien enfrentará una pena de 6 años, 6 meses y 9 días, además de reintegrar 618 millones de pesos. Pinilla, mano derecha de López, aceptó su responsabilidad en la malversación de fondos.
- Luis Eduardo López Rosero, contratista responsable del proyecto de los carrotanques, recibirá una condena de 6 años, 8 meses y 12 días. López Rosero deberá devolver 7.722 millones de pesos, la suma más alta entre los procesados, y fue acusado de falsedad en documento privado y público, además de peculado y concierto para delinquir.
- Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la UNGRD, aceptó cargos por desviar mil millones de pesos del contrato. Su condena será de 4 años, 10 meses y 19 días, junto con la obligación de reintegrar los fondos.
- Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento de la UNGRD, cumplirá una condena de 3 años, 7 meses y 13 días. Además, deberá devolver 150 millones de pesos. Barreto también fue acusado de intentar sobornar a otro implicado para que omitiera su nombre en las colaboraciones con la justicia.
- Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado de Barreto, recibirá una pena de 5 años y 3 meses por soborno. Según las investigaciones, ofreció dinero y participación en un contrato a cambio de silencio por parte de otros acusados.
Una herida en la confianza institucional
El caso de la UNGRD evidencia un preocupante patrón de desvío de recursos en entidades públicas destinadas a atender las necesidades más apremiantes del país. Mientras se espera la aprobación de los preacuerdos por parte de un juez y la eventual firma de un principio de oportunidad para López, queda la duda sobre si estas condenas serán suficientes para disuadir futuros actos de corrupción.
¿Qué acciones tomará el Gobierno para restaurar la confianza en estas instituciones y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan? Este escándalo, que destapó las fallas del sistema de control interno, exige reformas profundas y una vigilancia constante.