En un giro significativo en la política y la justicia colombiana, la Corte Suprema de Justicia ha decidido cerrar la investigación que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto tráfico de influencias. La decisión se tomó luego de que el alto tribunal se inhibiera de continuar el proceso, argumentando que el material probatorio no sustentaba la existencia de un hecho penalmente relevante.
La denuncia contra Uribe se originó a partir de una llamada que habría realizado el 13 de marzo de 2019 a Miryam Martínez Cárdenas, entonces directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En dicha llamada, se le acusaba de solicitar intervención en una disputa territorial en Caldas que involucraba a indígenas, campesinos y particulares. El conflicto giraba en torno a la delimitación precisa de los linderos de varios resguardos indígenas cercanos a propiedades privadas.
Sin embargo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema concluyó que los hechos presentados en la denuncia no constituían un delito. Según el tribunal, “el material probatorio examinado permite razonablemente concluir que, en el caso bajo estudio, no se está en presencia de un hecho penalmente relevante”.
Esta resolución ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Partidarios de Uribe celebran la decisión como un acto de justicia y un reconocimiento a la integridad del expresidente. Por otro lado, sus críticos consideran que el cierre del caso deja interrogantes sobre la transparencia y la influencia política en las decisiones judiciales.
La investigación había sido uno de los varios frentes judiciales que enfrentaba el expresidente, quien sigue siendo una figura central y controvertida en la política colombiana. Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia pone fin a uno de los episodios legales más recientes que involucraban a Uribe, aunque la sombra de otras investigaciones y denuncias aún persiste.
