La ministra de Transporte, María Constanza García, anunció una reunión clave con seis concesionarios para evaluar los recientes incrementos en las tarifas de peajes, superiores al 4,64% aprobado por resolución del Gobierno. El presidente Gustavo Petro calificó los contratos de 2014 como «leoninos» y busca renegociar las condiciones.
El pasado lunes 6 de enero, después de una extensa reunión de más de ocho horas entre el presidente Gustavo Petro y su gabinete, surgió un tema prioritario en la agenda nacional: el alza de tarifas en ocho peajes del país. Las alzas, justificadas por concesionarios en términos contractuales, excedieron el 4,64% autorizado por el Gobierno, lo que generó malestar tanto en el Ejecutivo como entre los usuarios de las vías.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Petro expresó su preocupación: «El Gobierno ha autorizado un alza del 2.78% de peajes, ocho peajes de seis concesiones han decidido otra cosa, dicen, facultados por los contratos firmados en el 2014, a toda vista mal hechos y leoninos. Esto no puede ser y he pedido inicialmente diálogo con esos concesionarios”. Este anuncio ha puesto en la mira los acuerdos firmados por concesionarios hace una década, señalados ahora como desventajosos para el interés público.
El contexto de las alzas y la posición del Gobierno
Según explicó la ministra García, el incremento aprobado por resolución correspondía al 60% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, equivalente a un aumento del 4,64%. Sin embargo, algunos concesionarios aplicaron incrementos superiores, argumentando que estaban respaldados por las condiciones contractuales vigentes desde 2014. Estos contratos establecían cláusulas específicas sobre ajustes en las tarifas, las cuales están siendo revisadas por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La titular de Transporte convocó a seis concesionarios a una reunión para el martes 7 de enero con el objetivo de analizar los incrementos y llegar a acuerdos que respeten tanto las condiciones contractuales como las decisiones gubernamentales. «El día de mañana, yo he citado a seis concesionarios donde se dieron estas alzas para que podamos hacer una evaluación y tomar decisiones frente a estos incrementos», señaló García.
Por su parte, el presidente Petro aseguró que en abril se realizará un nuevo estudio para determinar si los ajustes realizados en los peajes pueden ser revisados, considerando la tendencia inflacionaria que el Gobierno proyecta en un 3%. Este enfoque busca aliviar el impacto de los incrementos en los bolsillos de los ciudadanos y en el sector del transporte de carga, especialmente tras las tensiones generadas en 2024 por el paro de transportadores.
Los contratos de 2014: ¿una herencia problemática?
Uno de los puntos más controvertidos del debate sobre las tarifas de peajes es el origen de los contratos firmados en 2014, los cuales, según Petro, contienen cláusulas que benefician desproporcionadamente a las concesiones. Estos acuerdos permiten incrementos anuales más allá de las cifras aprobadas por el Gobierno, situación que ha generado un choque entre el interés público y los compromisos legales.
La ministra García confirmó que la ANI y el Ministerio de Hacienda están evaluando el impacto de estos contratos y sus cláusulas, con el objetivo de renegociar condiciones que se ajusten a las realidades económicas actuales del país. «Estamos revisando los otros incrementos que son contractuales y estaban pactados en las concesiones. Fueron ocho peajes los que tuvieron incrementos contractuales», declaró García.
Los efectos sobre el sector del transporte
El aumento en las tarifas de los peajes no solo afecta a los usuarios particulares, sino también al sector del transporte de carga, uno de los pilares de la economía nacional. Durante la reunión entre el presidente y la ministra, también se abordaron los avances en los acuerdos alcanzados con los transportadores tras el paro de finales de 2024. Entre las medidas discutidas, el control sobre los costos de operación, incluidos los peajes, es un tema prioritario para garantizar la sostenibilidad del sector.
El impacto de los peajes sobre los costos de transporte ha sido una preocupación constante. Según expertos, los incrementos en las tarifas pueden repercutir directamente en el precio de los productos que llegan a los consumidores finales, afectando la inflación y el poder adquisitivo de las familias colombianas. Por esta razón, la revisión de los contratos de concesión y las tarifas de los peajes se ha convertido en una tarea urgente para el Gobierno.
Expectativas y posibles soluciones
El anuncio de la reunión con los concesionarios ha generado expectativas sobre posibles acuerdos que mitiguen el impacto de los incrementos. Sin embargo, el debate sobre los contratos de 2014 plantea una cuestión más amplia: ¿qué tan justos son los acuerdos de concesión actuales y cómo pueden ser renegociados para equilibrar los intereses de las empresas y los ciudadanos?
En un contexto donde la inflación y los costos de vida son una preocupación constante, la revisión de estos contratos se perfila como un desafío para el Gobierno. Los próximos meses serán cruciales para determinar si se logra una solución que garantice tarifas justas, transparencia en los acuerdos y sostenibilidad para el sistema vial del país.