En medio de la temporada de Navidad y fin de año, el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta cuestionamientos por la adjudicación de un contrato millonario para la compra de chalecos balísticos a la empresa Industrias y Confecciones Inducon S.A.S., cuya certificación para ofrecer este tipo de productos ha sido suspendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La adquisición, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, asciende a 10.378 millones de pesos y ha generado serias dudas sobre la idoneidad de los productos y el proceso de contratación.
Los detalles del contrato y la controversia de la certificación
Según consta en la plataforma oficial de Colombia Compra Eficiente, la empresa Inducon S.A.S. será la encargada de suministrar más de 9.000 chalecos balísticos nivel IIIA, destinados a fortalecer la seguridad de los uniformados de la Policía Nacional. Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un aviso señalando que la compañía no cumple con las normas NIJ (National Institute of Justice), consideradas el estándar internacional para la certificación de blindajes utilizados por las fuerzas de seguridad.
El documento en cuestión advierte que el modelo SUPER 8, fabricado por Inducon, fue suspendido de la lista oficial de productos certificados por el NIJ. Esto significa que dichos chalecos no ofrecen la garantía de resistencia contra las municiones de pistola que especifica el estándar, generando preocupaciones sobre la seguridad de los uniformados que utilizarán estos equipos.
Aunque el aviso del Departamento de Justicia deja abierta la posibilidad de una nueva evaluación para levantar la suspensión, el proceso aún no se ha concretado, lo que ha encendido alarmas sobre la confiabilidad de los chalecos adquiridos.
Normas actualizadas y posibles irregularidades
La polémica también se centra en las condiciones que facilitaron la contratación. El pasado 4 de abril, la Agencia Nacional de Contratación Pública actualizó la Norma Técnica del Ministerio de Defensa para la compra de chalecos balísticos, tanto en el catálogo como en el simulador del Acuerdo Marco de Precios. Este cambio habría allanado el camino para que empresas como Inducon, a pesar de no contar con certificaciones internacionales vigentes, pudieran participar y ganar la adjudicación.
Entre las empresas del sector de blindajes y los analistas de contratación pública, han surgido serias dudas sobre un posible direccionamiento del contrato. Esto se relaciona con el hecho de que, tradicionalmente, los chalecos balísticos utilizados por las fuerzas de seguridad colombianas cumplen con normas estrictas, muchas veces avaladas por certificaciones internacionales como las del NIJ.
El escenario actual obliga a los organismos de control, como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, a investigar si hubo irregularidades en el proceso de contratación y si la elección de Inducon fue hecha de manera transparente.
Impacto en la seguridad y confianza en las instituciones
El debate sobre esta compra trasciende lo administrativo. Los chalecos balísticos nivel IIIA están diseñados para proteger contra municiones de armas cortas de alto impacto, y son un componente esencial para la seguridad de los policías en operativos cotidianos. El hecho de que estos chalecos no cuenten con certificación NIJ plantea dudas sobre su capacidad para proteger la vida de los uniformados.
La Policía Nacional tendría que recibir los chalecos el próximo martes 31 de diciembre, según lo estipulado en la orden de compra. Esto deja poco tiempo para realizar evaluaciones adicionales que garanticen la calidad del equipo, lo que genera preocupación en el gremio policial y en la opinión pública.
Adicionalmente, este caso pone bajo la lupa la gestión de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada de centralizar y optimizar las adquisiciones del Estado. La percepción de un posible direccionamiento en la adjudicación afecta la confianza en esta plataforma, que ha sido promovida como un instrumento de transparencia en la contratación pública.
Lo que sigue: una investigación necesaria y el riesgo reputacional
El contrato adjudicado a Inducon S.A.S. representa un desafío para el Gobierno Petro, que ya enfrenta críticas por diversos sectores en materia de gestión y transparencia. Aunque la administración confía en que la adquisición cumple con los requisitos legales, las dudas sobre la calidad de los chalecos y el proceso de contratación refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de los órganos de control.
Más allá del impacto en la reputación del gobierno, esta situación tiene implicaciones serias en términos de seguridad pública. ¿Qué sucederá si los chalecos adquiridos no cumplen con los estándares necesarios para proteger a los uniformados? Este es el cuestionamiento que hoy muchos colombianos se hacen mientras esperan respuestas claras y acciones contundentes frente a la polémica.