Las disidencias de las Farc , particularmente el Frente 33, causaron controversia tras repartir regalos navideños en el barrio Los Estoraques, en Cúcuta. Según videos que circulan en redes sociales, los presuntos integrantes del grupo armado entregaron muñecas, carros y dulces a niños y sus familias. Vestidos de civil, uno de ellos pidió orden en la fila mientras afirmaba: «Feliz Navidad para todos. No armen alboroto» y detallaba que el gesto provenía de comandantes como Jhon Mechas, Richard y Andrey.
Este acto generó reacciones mixtas en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la situación como un intento de manipulación: «Los mismos que hoy regalan un presente, mañana vuelven por los niños para su organización subversiva». Otros señalaron el abandono estatal que permite estos actos: «La inocencia de los niños y la orfandad del estado se ven reflejadas en estas escenas».
Mientras tanto, en el norte del Cauca , las disidencias del Bloque Occidental Jacobo Arenas solicitaron a comerciantes hasta 200 regalos navideños bajo la excusa de colaborar con la niñez de la región. Municipios como Corinto, Caloto y Miranda recibieron volantes firmados por el supuesto comandante Darío, quien pedía «colaboración» para alegrar a los niños en las festividades. Las autoridades condenaron este hecho, tildándolo de presión disfrazada de solidaridad.
El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, calificó la acción como un descaro: «Esto no es más que una estrategia de propaganda para favorecer a su estructura armada». Además, advirtió sobre el riesgo de normalizar estas solicitudes, que buscan imponer el poder del grupo armado sobre las comunidades vulnerables.
Estos actos no son nuevos en la región. En octubre, comerciantes y comunidades del Cauca reportaron situaciones similares, en las que las disidencias exigían regalos mediante boletas de citación. Dichas boletas especificaban fechas para reuniones y directrices sobre las contribuciones requeridas.
El panorama pone en evidencia la necesidad de fortalecer la presencia estatal en las zonas afectadas por grupos armados. Líderes comunales resaltan que estos hechos no solo exponen la fragilidad de las instituciones, sino también el peligro de que los menores sean utilizados como una herramienta para legitimar actividades ilícitas bajo la fachada de actos benéficos.