Gustavo Petro y María Fernanda Cabal protagonizan un nuevo capítulo en la arena política nacional, esta vez en el terreno digital. Lo que comenzó como una denuncia por amenazas en redes sociales, ha escalado hasta involucrar a la Fiscalía, la Policía Nacional, la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde hace tiempo advertimos sobre la creciente polarización política en Colombia. Sin embargo, la denuncia del presidente Petro el pasado 20 de abril ha encendido aún más la discusión. Según él, existe una red de cuentas en la plataforma X (antes Twitter) que estaría amenazando de muerte a miembros del progresismo, incluido él mismo. La gravedad de los señalamientos ha obligado a distintos organismos judiciales a pronunciarse.
Petro exige investigaciones por amenazas desde redes sociales
El presidente no se guardó nada. Desde su cuenta en X señaló directamente a una red digital liderada por el usuario @Lykanista, a la cual calificó como “una red dirigida por el asesino”, diseñada para hostigar a los sectores progresistas. Lo que más sorprendió fue que el mandatario vinculó a esta red con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
Petro no solo pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía iniciar investigaciones judiciales sobre estas cuentas. Fue más allá, solicitando a la Corte Suprema de Justicia examinar el posible rol de Cabal en la presunta operación digital, describiéndola como parte de “una red de extrema derecha neonazi”.
“Ante hechos repetitivos, como sucedió con el genocidio político contra la Unión Patriótica, no podemos callar”, escribió Petro, apelando a la memoria histórica del país para subrayar la importancia de tomar en serio este tipo de amenazas. Para el mandatario, el silencio de la prensa tradicional es cómplice. Criticó que se normalicen las bodegas digitales que amenazan y difaman, mientras se criminaliza la expresión de voces de izquierda.
Cabal responde con fuerza y acude a instancias internacionales
La respuesta de María Fernanda Cabal no se hizo esperar. Al día siguiente, la senadora calificó las declaraciones de Petro como “violencia de género con fines políticos” y anunció que llevará su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según la congresista, el presidente no solo pone en riesgo su vida, sino también la de su familia, al vincularla con una red delictiva sin pruebas claras. “¡Petro, no sea cobarde! Le exijo rectificar este hostigamiento”, manifestó públicamente. Cabal sostiene que esta estrategia del mandatario responde a su incapacidad de enfrentar con argumentos a la oposición.
Además, acusó a Petro de desviar la atención frente a los verdaderos problemas del país: asesinatos de menores, ataques a la fuerza pública y desplazamientos masivos. “Colombia no merece un presidente que ignore estos crímenes por enfocarse en ideas absurdas”, dijo.
Como medida preventiva, la senadora también presentará una queja formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual tiene la competencia para investigar penalmente al presidente en funciones.
¿Es este un caso más de confrontación política o una señal de alarma nacional?
Este nuevo enfrentamiento entre dos de las figuras más visibles de la política colombiana plantea serias preguntas sobre el uso de las redes sociales, la libertad de expresión, y los límites de la confrontación política. La acusación de Petro tiene un peso simbólico enorme: vincular a una senadora con una red de amenazas de muerte es un hecho sin precedentes recientes. Pero también tiene riesgos: sin pruebas contundentes, podría entenderse como persecución.
Del otro lado, la reacción de Cabal, al recurrir a organismos internacionales, eleva el conflicto a una dimensión global. ¿Está el país entrando en una etapa donde las diferencias ideológicas se judicializan? ¿Puede la democracia resistir estos embates sin caer en un ambiente de hostilidad permanente?
La expectativa ahora recae en las instituciones judiciales. ¿Responderán con prontitud y transparencia? ¿Lograrán dilucidar si se trata de una red criminal o una disputa política llevada al extremo? Y lo más importante: ¿cómo podemos garantizar que las redes sociales no se conviertan en terreno fértil para amenazas impunes y discursos de odio, venga de donde venga?
