Desde mediados de febrero, el departamento del Chocó, en especial la subregión del Medio San Juan, ha sido escenario de una creciente crisis humanitaria. La población civil se encuentra atrapada entre el fuego cruzado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, dos de los grupos armados organizados que operan en la región.
Los enfrentamientos han provocado el confinamiento y el desplazamiento de miles de personas, principalmente poblaciones afrodescendientes e indígenas. Según la Gobernación de Chocó, se estima que cerca de 4.000 personas han sido desplazadas, mientras que más de 12.000 se encuentran confinadas sin acceso a bienes básicos ni garantías de seguridad.
Pronunciamiento de la ONU y llamados a la protección de los derechos humanos
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la presencia de estos grupos armados ilegales y ha instado al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas para la protección de la población afectada.
A través de su cuenta oficial en redes sociales, la ONU alertó sobre la grave situación humanitaria en municipios como Medio San Juan, Istmina, Sipí, Nóvita y Litoral del San Juan. La organización denunció restricciones a la movilidad y amenazas contra la población, incluyendo la prohibición del uso de lanchas, lo que agrava la crisis al impedir el abastecimiento de alimentos y medicamentos.
Gobierno y fuerzas de seguridad bajo presión
Ante esta crisis, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha cuestionado la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional. Durante la cumbre de gobernadores en Villa de Leyva, la mandataria departamental manifestó su preocupación por el deterioro de la seguridad y la creciente presencia de actores armados en la región.
«Jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y pipetas, con cilindros bomba», denunció Córdoba, haciendo referencia a los bloqueos impuestos por el ELN durante el paro armado que, si bien fue levantado hace dos semanas, no ha detenido los enfrentamientos con el Clan del Golfo.
El Ministerio de Defensa ha asegurado que está reforzando la presencia de la Fuerza Pública en la zona, pero los resultados hasta ahora no han sido suficientes para detener la violencia ni para brindar seguridad a las comunidades afectadas.
El impacto en las comunidades indígenas y afrodescendientes
Las comunidades más afectadas por el conflicto son aquellas que habitan en la ribera del río San Juan y sus alrededores. Entre ellas destacan el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), la Juntanza Interétnica del Bajo Calima y el pueblo indígena Wounaan. Estas poblaciones han denunciado la falta de garantías de seguridad y el desabastecimiento de alimentos y medicinas debido a los bloqueos y las restricciones impuestas por los grupos armados.
La Defensoría del Pueblo ha alertado que los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo se han intensificado en los últimos cinco años, lo que ha generado una expansión preocupante de estas estructuras criminales en diversas regiones del país. En la actualidad, según el organismo, hay 11 crisis humanitarias simultáneas en Colombia producto de la violencia armada.
¿Hacia dónde va la crisis en Chocó?
La incertidumbre persiste en el departamento del Chocó. A pesar de los llamados de la ONU y de diversas organizaciones de derechos humanos, la respuesta del Estado ha sido limitada y la población sigue atrapada en un conflicto que no da tregua.
La gran pregunta es: ¿habrá una solución efectiva para frenar la violencia en el Chocó, o la población civil seguirá siendo víctima de los intereses de los grupos armados?