La sesión de control político en la Cámara de Representantes del martes 28 de enero de 2025 fue el escenario donde el presidente Gustavo Petro defendió la implementación de tres nuevos impuestos para enfrentar la crisis humanitaria en el Catatumbo. La medida, justificada bajo el estado de conmoción, busca recaudar más de un billón de pesos en un plazo de noventa días con el fin de mitigar la grave situación desatada tras los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN el pasado 16 de enero.
Según el Ministerio de Hacienda, estos impuestos son de carácter temporal y se han diseñado para garantizar un recaudo inmediato y focalizado. No obstante, la decisión ha generado fuertes críticas desde diversos sectores, que advierten sobre el riesgo de que se trate de una reforma tributaria encubierta.
Las tres fuentes del recaudo fiscal: apuestas, minería y trámites notariales
Para alcanzar la meta de más de un billón de pesos, el Gobierno ha definido tres fuentes de recaudo:
- IVA a las apuestas en línea: Reactivado desde el 24 de enero, este impuesto pretende recaudar 514 mil millones de pesos. Según estimaciones oficiales, la creciente industria del juego digital podría contribuir de manera significativa a la financiación de la emergencia.
- Sobretasa al sector minero y petrolero: Se aplicará una contribución especial del 1% sobre la producción de estas industrias, con una proyección de ingresos de 214 mil millones de pesos. Este impuesto ha generado malestar en el sector empresarial, que argumenta que la medida puede afectar la inversión en el país.
- Impuesto de timbre en trámites notariales: Se establecerá un cobro del 1% sobre el valor de las escrituras notariales, lo que representaría un ingreso adicional de 330 mil millones de pesos. Este tributo impactará a ciudadanos y empresas que realicen transacciones de compra-venta de inmuebles y otros trámites legales.
El Gobierno insiste en la destinación exclusiva de los fondos
El Ministerio de Hacienda ha sido enfático en que los fondos obtenidos serán utilizados única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior. La viceministra Juanita Villaveces reiteró en medios nacionales que la intención del Gobierno es garantizar recursos frescos para la intervención humanitaria en el Catatumbo, una región históricamente golpeada por la violencia y el narcotráfico.
Desde la plenaria del Senado, el ministro Diego Guevara defendió la legalidad y pertinencia de los impuestos, asegurando que están alineados con los principios tributarios del país. A través de redes sociales, el Ministerio de Hacienda comunicó que se trata de una estrategia temporal y prioritaria, enfocada en atender la emergencia sin afectar el gasto público de otros sectores.
Críticas desde la oposición: ¿una reforma tributaria disfrazada?
La oposición no tardó en reaccionar. Esteban Quintero, senador del Centro Democrático, calificó la medida como una “reforma tributaria encubierta” y alertó sobre el riesgo de que el Gobierno utilice la conmoción interior como pretexto para imponer impuestos que antes no fueron aprobados por el Congreso.
Desde este sector político también se argumenta que el Ejecutivo debería priorizar el fortalecimiento de la seguridad en la región en lugar de aumentar la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas. Quintero advirtió que el despliegue de 25 nuevos pelotones en el Catatumbo, anunciado por el ministro de Defensa Iván Velásquez, es insuficiente para contener el aumento de la presencia del ELN en los últimos cinco años.
La controversia creció aún más con la intervención de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, quienes protagonizaron un tenso debate sobre la alerta temprana emitida por la Defensoría en relación con la crisis en la zona. Mientras Buitrago minimizó el impacto de la advertencia, Marín insistió en que la situación de riesgo había sido plenamente identificada desde hace meses.
¿El fin de los impuestos tras la emergencia o el inicio de una nueva carga fiscal?
Con la medida ya en marcha, surgen dudas sobre el futuro de estos impuestos una vez se levante el estado de conmoción. Expertos en materia fiscal han señalado que, históricamente, los tributos temporales en Colombia han terminado extendiéndose más allá del plazo inicialmente estipulado.
La pregunta que queda en el aire es: ¿serán estos impuestos realmente eliminados en tres meses o marcarán el inicio de una nueva carga impositiva permanente para los colombianos?