El excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien inició 2025 con aspiraciones presidenciales, se graduó de doctor en Derecho en la Universidad de Jaén el 13 de julio de 2021 y, 94 días después, el 15 de octubre de 2021, obtuvo su pregrado en esa misma disciplina. Graduarse del doctorado antes de graduarse del pregrado es tan insólito como haber completado ambos títulos en los mismos dos años y dos meses, mientras ocupaba el cargo de contralor general de la República, uno de los más poderosos del Estado.
Para justificar lo absurdo de su trayectoria académica, y desprestigiar mi investigación sobre ella (disponible en este enlace), Córdoba lanzó en diciembre una campaña mediática en conjunto con Noticias RCN, Revista Semana, Blu Radio, el Expediente, Jorge Hernán Peláez, Óscar Sevillano y otros periodistas y bodegueros. Pero esa no ha sido la única estrategia a la que ha recurrido para intentar silenciar mi voz. En septiembre del año pasado me puso una denuncia penal y, en octubre, una acción de tutela, que fue fallada a mi favor en dos instancias. Además, Córdoba ha exigido que CasaMacondo elimine las investigaciones sobre su pregrado, maestría y doctorado de nuestro portal web. Eso no va a ocurrir.
Por el contrario, aquí les recuerdo lo que hemos publicado.
El pregrado
La duración habitual de una carrera en Derecho es de cinco años; en el Politécnico Grancolombiano, es de cuatro. Sin embargo, en algunas universidades es posible lograrlo en dos años, como ocurrió con el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien en un despliegue de genialidad y erudición se graduó en tiempo récord de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas, cursando 39 materias en un año.
A Carlos Felipe Córdoba, el Politécnico Grancolombiano le homologó el 49,2 % de los créditos del programa de Derecho, gracias a su primer pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales, que obtuvo en 2004 en la Universidad Externado. Esta homologación le permitió al hoy excontralor graduarse como abogado en dos años y dos meses, y no en dos años y medio, como erróneamente había reportado CasaMacondo. Ni Córdoba ni el Politécnico han presentado el acta de homologación.
En el segundo semestre de 2019, el mismo en el que Córdoba comenzó sus estudios, la Contraloría firmó un convenio de cooperación académica con el Politécnico Grancolombiano, que permitía a la universidad impartir clases en la Contraloría. Sin embargo, todo cambió con la pandemia en marzo de 2020, cuando las clases pasaron a ser virtuales. En junio de 2022, Córdoba defendió el convenio y admitió haberse beneficiado de él, aunque subrayó que su esposa, Marcela Yepes, no lo hizo, a pesar de que también había iniciado estudios de Derecho en el Politécnico.
Beneficiarse de un convenio académico era legítimo para Córdoba y su esposa. Sin embargo, en el reciente litigio legal que él inició contra mí, adjuntó una respuesta a un derecho de petición que envió al Politécnico, en la que se aclara que ella no se benefició del convenio y que se matriculó como estudiante regular.
El supervisor de este convenio era Billy Raúl Antonio Escobar Pérez, secretario general de la universidad en 2019, quien obtuvo contratos (al igual que su esposa, Martha Luz Barros Tovar) en la Contraloría durante 2020, 2021 y 2022. Posteriormente, fue nombrado superintendente de Sociedades por el presidente Iván Duque y ratificado por el presidente Gustavo Petro.
En 2022, Escobar defendió a Córdoba en Caracol Radio argumentando que es «muy pertinente» y parte de una «tendencia global» graduar a abogados en un lapso de dos años y medio, añadiendo que la Contraloría es una entidad inherentemente jurídica, lo cual justifica que el contralor maneje los temas día a día.
La maestría
El afán de acumular títulos académicos no era algo nuevo para Córdoba. En 2009, cursó en seis meses un máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, en la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Esta maestría, sin embargo, no fue convalidada por el Ministerio de Educación de Colombia, ya que ni siquiera contaba con reconocimiento en España.
Es importante resaltar que esa maestría era un «título propio», como se conocen los programas que diseñan las universidades que carecen del aval gubernamental. Antes de 2007, ese tipo de títulos eran válidos en España, pero, desde entonces, las autoridades de ese país decidieron no convalidarlos debido a que no cumplen con los estándares académicos requeridos para una maestría. A raíz de esta decisión, Colombia también dejó de reconocer estos títulos desde ese año.
Córdoba intentó convalidar su máster en dos ocasiones, pero el Ministerio de Educación se lo negó. En lugar de rendirse, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, argumentando que otros colombianos que habían realizado estudios similares obtuvieron la convalidación. El 13 de marzo de 2014, el Consejo de Estado falló a su favor, obligando al Ministerio de Educación a convalidar la maestría de seis meses.
El doctorado
Normalmente, un doctorado toma alrededor de cinco años. El prestigio que rodea este título académico obedece en parte al tiempo que las personas tardan estudiando e investigando el tema sobre el que luego escriben su disertación. Carlos Felipe Córdoba optó por un camino más veloz. En 2022, afirmó que un doctorado consistía exclusivamente en redactar una tesis, y que él tenía claro el tema del suyo: «La buena administración en el control fiscal efectivo, estratégico y gerencial de los recursos públicos».
Los requisitos de la Universidad de Jaén parecen bastante laxos: una tesis, participación en algún congreso, curso o taller (Córdoba certificó su asistencia al XV encuentro de la jurisdicción constitucional en Pereira, uno de esos foros que hace la Corte Constitucional en una ciudad diferente cada año) y un curso de competencias transversales. Además, exige «aportaciones relevantes» al conocimiento, que Córdoba cumplió presentando un artículo y publicando un libro en 2018 con el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (ILAE). Unos meses después, el 2 de octubre de 2019, el ILAE recibió un contrato por 92.500.000 pesos en la Contraloría de Córdoba para dictar un «diplomado internacional en Metodología de la Investigación Científica en Ciencias Sociales».
De esa manera, Carlos Felipe Córdoba terminó su doctorado en poco más de dos años y sin dejar de trabajar con ahínco en el control fiscal del Estado. Sin embargo, su tesis, el principal requisito, incurrió en plagio. En junio de 2022, presenté pruebas de irregularidades en quince apartes, cinco de ellos claramente plagiados. El plagio es inaceptable, sin importar si se trata de una línea o un libro completo; cinco párrafos son significativos. En ese momento, Córdoba no refutó mis afirmaciones, pero ahora, apoyado por su amigo Pablo Elías González Monguí, el exdirector de la UNP al que contrató como perito para supuestamente evaluar su tesis, intenta convencer a la opinión pública y a los jueces de que mi denuncia es infundada y que su tesis es una obra maestra.
Nada de esto es cierto. Los párrafos plagiados, cuyas citaciones el perito califica como «omisiones involuntarias», están efectivamente en la tesis, un texto mediocre de autobombo que codirigió otro amigo suyo, el ex consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
El bloguero Óscar Sevillano planteó en El Espectador que los periodistas no deberíamos revisar tesis doctorales, pues esa labor corresponde solo a las universidades. Por supuesto que podemos revisar tesis, consultar expertos, emplear herramientas tecnológicas y llegar a nuestras propias conclusiones, incluso si estas difieren de las universidades que, por conveniencia, pueden no reconocer que graduaron a un estudiante tramposo y poderoso. Según el argumento de Sevillano, un periodista sería solo un receptor de comunicados de prensa. Justamente, eso parece que fue lo que hicieron personas como él y Jorge Hernán Peláez, y medios como Noticias RCN, Revista Semana y Blu Radio, quienes aceptaron ingenuamente las amañadas explicaciones de Córdoba sin contrapreguntar o indagar a fondo por el caso.
La ofensiva de Carlos Felipe Córdoba, primero ante los jueces y ahora con bodegueros y periodistas, persistirá. Por mi parte, no pienso ceder a las presiones y continuaré defendiendo mi trabajo periodístico.
Información cortesía de Casa Macondo