La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una de sus peores crisis humanitarias en los últimos años. El conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha dejado más de 50.000 personas desplazadas y decenas de civiles asesinados.
El presidente Gustavo Petro ha intentado controlar la situación con la declaratoria del Estado de conmoción interior, una medida excepcional que otorga facultades especiales al Gobierno para manejar la crisis. Sin embargo, las hostilidades continúan y la población ha manifestado su descontento con la estrategia del Ejecutivo.
Líderes sociales desafían a Petro en su visita al Catatumbo
Durante su reciente visita a la región para socializar el decreto de conmoción interior, Petro fue confrontado por líderes sociales que criticaron la falta de acciones efectivas. Uno de ellos, al no recibir la palabra, interrumpió el protocolo para lanzar una dura crítica: “El Gobierno tiene que estar en el territorio, no sentado en una oficina. Señor presidente, nosotros hemos venido por respuestas”, expresó ante la mirada atenta de los asistentes.
Otra vocera de la comunidad, visiblemente molesta, reclamó la falta de apoyo a las madres líderes y a las juntas de acción comunal, exigiendo que el mandatario la mirara mientras hablaba: “¿Por qué no confía en nosotros? A nosotros no nos pagan, lo hacemos de corazón”.
Un tercer representante de la comunidad criticó la declaratoria de conmoción interior, argumentando que la solución no radica en medidas excepcionales sino en compromisos a largo plazo: “El pacto social por el Catatumbo no necesita un Estado de conmoción, sino voluntad política y compromiso con las vigencias futuras”.
Críticas a la declaratoria de conmoción interior
El decreto de conmoción interior ha sido objeto de debate en distintos sectores políticos y judiciales. El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, elevó una petición para que el alto tribunal evalúe la viabilidad de la medida. Según Linares, el Gobierno no ha podido sustentar de manera clara por qué las facultades ordinarias del Estado no son suficientes para atender la crisis.
“No se ha demostrado que las instituciones ordinarias del Estado sean insuficientes para atender la situación. La jurisprudencia de la Corte ha reiterado que los estados de excepción deben ser proporcionales, necesarios y estrictamente justificados”, explicó.
Por su parte, Petro respondió a estas críticas asegurando que la negligencia estatal a la que se refería en sus declaraciones apuntaba a gobiernos anteriores, y no al actual. “Nosotros no somos los culpables de lo que ha pasado en el Catatumbo durante décadas. Lo que ocurre ahora es consecuencia de una negligencia histórica del Estado”, dijo el mandatario.
Un conflicto de difícil solución
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y de las presiones de la comunidad, la violencia en el Catatumbo no cede. La disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC sigue dejando un rastro de destrucción y terror entre la población civil. La declaratoria de conmoción interior no ha logrado reducir los enfrentamientos y, según expertos en seguridad, la medida podría aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos si no se maneja con prudencia.
El panorama en la región sigue siendo incierto. ¿Podrá el Gobierno implementar una solución estructural que garantice la paz y la estabilidad en el Catatumbo? Mientras tanto, los habitantes continúan esperando respuestas y acciones concretas.
