El Ministerio de Trabajo ha iniciado una investigación preliminar tras las denuncias de un grupo de trabajadores que fueron desvinculados de la empresa Air-e, cuando aún estaba bajo la intervención del Estado. Según los afectados, la desvinculación fue llevada a cabo sin que mediara una justificación válida y sin el pago completo de sus acreencias laborales.
Son 15 las personas afectadas, entre ellas Cynthia Ferrer, quien se desempeñaba como gerente de Auditoría, Administración y Logística. Ferrer, que trabajaba en la empresa desde 2020, manifestó su descontento ante lo que considera una vulneración de sus derechos laborales.
Los reclamos de los trabajadores afectados
Los denunciantes aseguran que, en el periodo en el que Carlos Diago fungía como agente interventor de Air-e, se ordenaron despidos sin una causa justificada. Según ellos, además del retiro abrupto, no se les pagó en su totalidad lo que les correspondía por ley.
Ferrer declaró: “Fuimos desvinculados sin justa causa. Nosotros hacíamos parte de la planta corporativa de Air-e y, tras nuestro despido injustificado, no se nos cancelaron completamente nuestras acreencias laborales. Ante esto, acudimos al Ministerio de Trabajo y presentamos la denuncia, que finalmente ha sido admitida y se encuentra en trámite”.
La respuesta del Ministerio de Trabajo
El Ministerio ha dado un paso adelante en el caso, ordenando la apertura de una averiguación preliminar y la recolección de pruebas. Según el documento oficial, si se encuentran méritos suficientes, se procederá con un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa.
El documento oficial señala: “En caso de que, como resultado de la averiguación preliminar, se observe que existen méritos para adelantar procedimiento administrativo sancionatorio, este Despacho se encuentra facultado para continuar, adelantar y decidir la administración administrativa en primera instancia”.
El caso ha generado revuelo, pues en el momento de la intervención se había asegurado que no se realizarían despidos masivos. Ahora, los afectados buscan justicia y esperan que el Ministerio de Trabajo tome medidas concretas contra la empresa por lo que consideran una violación de sus derechos laborales.
¿Qué sigue para los trabajadores afectados?
La investigación en curso podría derivar en sanciones para Air-e si se comprueba que los despidos fueron arbitrarios y sin el cumplimiento de la normatividad laboral vigente en Colombia. De igual manera, los trabajadores afectados podrían recibir compensaciones o restitución de derechos si la entidad así lo determina.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la situación laboral en empresas intervenidas por el Estado y la necesidad de garantizar estabilidad y respeto a los derechos de los trabajadores. ¿Se hará justicia en este caso o quedará como un precedente más de vulneración laboral en el país?
