Revisando la publicación de la declaración juramentada de bienes y rentas y registro de conflicto de interés de los años 2022, 2023 y 2024, presentadas por Aníbal Gustavo Hoyos Franco, no cuadran las propiedades que declara poseer, con las fincas, casas, apartamentos, lotes y parqueaderos que hallamos a su nombre y en sociedad y que la Ventanilla Única de Registro VUR nos confirmó.
¿Si esa declaración es juramentada por que no aparecen reportadas todas las propiedades?
En la declaración Juramentada de 2022, menciona 5 bienes y un vehículo avaluados en $880.791.167
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En la Declaración Juramentada de 2023, menciona 6 bienes y un vehículo avaluados en $2.036.847.610.
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En la Declaración Juramentada de 2024, menciona 6 bienes avaluados en $1.782.133.926.
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¿Si 6 propiedades están avaluadas en $2.036 millones, entonces cuantos miles de millones valen las 28 y hablamos del precio en predial, no del valor real del mercado que es muchísimo mayor? Y eso sin contar otras empresas.
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¿Cuántas de esas propiedades las adquirió desde 2019 cuando era alcalde de Belén de Umbría y hasta hoy que es Representante a la Cámara?
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Así están distribuidas sus 28 propiedades entre fincas, casas, apartamentos, lotes y parqueaderos
Departamento de Risaralda: 23 bienes ubicados en Pereira, Belén de Umbría y Quinchía, 14 rurales y 9 en área Urbana
Departamento de Caldas: 2 bienes, 1 en Anserma en área urbana y 1 en área rural
Departamento del Quindío: 3 bienes, 1 en área urbana y 2 en área rural
Hay propiedades donde es dueño del 100% (al parecer 14), otros con participación, ya que aparecen en sociedad con sus hermanas, con su conyugue, con otras personas o una promotora, ¿Por qué no los incluyó en la declaración juramentada?
¿A quien pertenece La Carmelita Promotora SAS socia de Aníbal Hoyos en algunas propiedades(por ejemplo en Armenia), ubicada en La Virginia y dedicada a actividades inmobiliarias?
Es fundamental que los ciudadanos conozcan las declaraciones de renta e impedimentos de los congresistas por integridad y rendición de cuentas, porque estos son elegidos para representar los intereses de los ciudadanos y así pueden evaluar si sus representantes están actuando de manera ética y transparente.
Al conocer los impedimentos, los ciudadanos pueden identificar posibles conflictos de interés que puedan influir en las decisiones de los congresistas. Por ejemplo: ¿Apoyan leyes que pueden favorecer empresas suyas o de sus familiares?
Además, la Ley 2013 de 2019 convoca, entre los sujetos obligados a presentar la declaración, al presidente de la República, vicepresidente, ministros, congresistas…así como a todas las personas electas mediante voto popular.
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