La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha encendido el debate sobre la presunta compra del software de espionaje Pegasus al confirmar que existen evidencias de pagos desde el Gobierno Nacional para su adquisición. Sin embargo, la investigación y los detalles sobre el uso y destino de estos fondos siguen sin esclarecerse, y los pronunciamientos de otros altos funcionarios no coinciden. Mientras la Fiscalía asume la responsabilidad de la investigación, la ministra Buitrago ha subrayado que el Ministerio de Justicia no tiene competencia directa en el caso, aunque ratificó que los fondos sí fueron entregados.
Contradicciones en el Gobierno: versiones opuestas sobre el software de espionaje
En contraste con las declaraciones de la ministra de Justicia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, negó que existan registros oficiales del programa Pegasus en los inventarios de los organismos de inteligencia. Según Velásquez, no se han destinado recursos del Gobierno para adquirir el software ni se tiene constancia de su existencia formal en las instituciones estatales de seguridad. No obstante, reconoció la posibilidad de que el software se haya empleado previamente en el país y que, de haber existido, su licencia podría haber sido renovada, ya que “esto no tiene una duración indefinida”, lo cual deja abierta la posibilidad de que el software haya sido usado, pero fuera del marco de control estatal.
Esta declaración del ministro de Defensa, junto a la afirmación de la ministra de Justicia sobre la existencia de los pagos, pone en evidencia una disyuntiva en el Gobierno sobre el manejo de Pegasus. ¿Cómo es posible que existan pagos, pero no un registro del software? Velásquez insiste en que no existe un “rubro” específico asignado para esta compra en los inventarios oficiales, sumando aún más dudas sobre la transparencia y el control de las herramientas de vigilancia en Colombia.
La Procuraduría responde al presidente Petro
El papel de la Procuradora General, Margarita Cabello, ha sido clave en la discusión, especialmente tras ser señalada por el presidente Gustavo Petro, quien la acusó de mentir sobre el avance de las investigaciones. Cabello, con una experiencia de más de 40 años en el sector público, rechazó enérgicamente las declaraciones del presidente y defendió la seriedad de su gestión. Señaló que, hasta el momento, la Procuraduría no ha encontrado pruebas que demuestren la existencia de pagos o del programa, contradiciendo así las afirmaciones de la ministra Buitrago.
Cabello afirmó: “Soy una persona que llevo 40 años en el sector público, más de 30 en la rama judicial, de ministra de Justicia y ahora como procuradora, y mis calidades y mis condiciones me hacen siempre hablar sobre soportes jurídicos suficientes”. Este cruce de declaraciones pone en el foco el papel de los organismos de control en el manejo de las herramientas de espionaje y plantea preguntas sobre la transparencia y veracidad de la información en torno a Pegasus.
¿Un software sin dueño? La opacidad de Pegasus en Colombia
La falta de transparencia sobre el uso y adquisición de Pegasus no es un tema nuevo en Colombia. Pegasus, conocido mundialmente como una herramienta de vigilancia electrónica utilizada para interceptar comunicaciones de personas de interés, ha sido objeto de controversias en múltiples países debido a su potencial para vulnerar la privacidad de individuos sin su conocimiento ni consentimiento. En el caso de Colombia, la ambigüedad sobre quién aprobó, pagó o usó el software ha generado una situación preocupante, ya que las contradicciones oficiales parecen indicar una gestión desordenada y poco transparente de los recursos estatales.
En su declaración, la ministra Buitrago dejó en claro que la Fiscalía debe asumir la responsabilidad de aclarar estos pagos. Según Buitrago, las investigaciones iniciales revelan que los fondos se entregaron, pero ni el Ministerio de Justicia ni la cartera de Defensa pueden esclarecer su paradero exacto o las condiciones bajo las cuales se efectuó la transacción. A su vez, las palabras de la procuradora Cabello insisten en que, hasta la fecha, no existen registros o soportes que indiquen claramente la compra o uso del programa en el contexto estatal.
Próximos pasos en la investigación: un reto para la Fiscalía
Ante la falta de claridad y las versiones contradictorias entre las entidades involucradas, el caso de Pegasus sigue sin resolverse. La Fiscalía está ahora a cargo de determinar los responsables de la compra y posible uso del software, y se espera que el organismo revele más detalles a medida que avanza en la recopilación de pruebas, testimonios y documentos que esclarezcan el caso. Esta responsabilidad recae en un contexto de alta expectativa ciudadana y mediática, ya que las herramientas de espionaje deben ser empleadas en el marco de la legalidad y la transparencia.
La polémica sobre Pegasus representa un reto no solo para la administración del presidente Gustavo Petro, sino también para las instituciones de control y seguridad en Colombia. Las dudas sobre quién autorizó, financió o utilizó Pegasus continúan sin resolverse, y cada declaración o contradicción entre funcionarios de alto nivel alimenta la percepción de desorden y opacidad en el manejo de los recursos de inteligencia del Estado.
Reflexión: ¿Hacia dónde va el control de herramientas de espionaje en Colombia?
El caso Pegasus plantea preguntas cruciales sobre el control y regulación de las herramientas de vigilancia en Colombia. ¿Cuál es el marco legal y ético para el uso de estas herramientas? ¿Se están tomando las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas y evitar abusos de poder? La controversia sobre Pegasus y la falta de coincidencia en las declaraciones de los ministros y la procuradora evidencian la necesidad de un marco regulatorio claro y transparente en el uso de herramientas de vigilancia, además de un compromiso por parte de las autoridades para garantizar la confianza ciudadana en el manejo de la información y los recursos de seguridad nacional.