Recientemente la JEP publicó 9 hitos y avances en el caso 01 que “investiga los secuestros de las extintas FARC-EP y otros delitos en medio del cautiverio”, es decir, el macro caso dedicado a esclarecer las motivaciones, efectos y perjuicios que dejaron los secuestros hechos por las FARC-EP durante el conflicto social armado. Como era de esperarse, junto con los otros 10 macro casos, los resultados no solo han sido aterradores, sino que vuelven y confirman la importancia de parar la guerra.
Este proceso liderado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll ha tenido como pilares no solo los informes entregados por la Fiscalía, sino también -y aquí el plus de la JEP-, los de las víctimas y la sociedad civil ¿Por qué es importante este componente? Si bien, en los procesos formales a los que estamos acostumbrados, la voz de la Fiscalía es determinante por ser el ente acusador, al tratarse del Acuerdo de Paz de la Habana, las partes -Gobierno y guerrilla- reconocieron la importancia de otras voces no convencionales al punto de que el propósito de los fallos no solo es determinar y sancionar los vejámenes cometidos durante el conflicto armado sino también, reivindicar como principal propósito el derecho de las víctimas; así las cosas, asistimos a un tipo de justicia especial que opera bajo otros ritmos, tiempos y alcances
¿Qué se logró con este avance? Se imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 7 exintegrantes del último Secretariado de las extintas FARC-EP, y por primera vez en la historia, éstos reconocieron públicamente su responsabilidad en la execrable práctica del secuestro. En la imputación, la JEP encontró que esta práctica tenía como propósito la financiación del grupo, forzar al Estado para hacer intercambio de prisioneros y establecer control en los territorios en disputa o ganados durante la guerra. Como uno de los puntos más dolorosos del informe, la JEP logró establecer que esta guerrilla secuestró a campesinos, comerciantes, ganaderos, políticos regionales, periodistas, funcionarios, policías y militares, con el agravante de que muchas veces los afectados no tenían cómo pagar lo que pedía la guerrilla.
También la JEP imputó a 10 exintegrantes del Conjunto Central de las extintas FARC-EP, como responsables de los secuestros en el Quindío, Tolima y norte del Huila, quienes ya reconocieron públicamente su responsabilidad y están a la espera del fallo sancionatorio. Además, se imputó a los 8 máximos responsables de los secuestros del Bloque Occidental que operó entre el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur del Chocó; no olvidemos que este bloque fue el responsable del secuestro de los diputados del Valle del Cauca.
Otro gran logro fue la imputación a 7 exintegrantes del Bloque Noroccidental por la máxima responsabilidad en el 25% de los secuestros del país, siendo muy conocidos los casos del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y su consejero de paz, Gilberto Echeverry. Este bloque operó entre Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Entre los datos más aterradores que se publicaron es el número de casos investigados en este macro caso 01: se trata de 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula. Además de esto, se debe resaltar que la JEP recibió y reconoció 795 observaciones de víctimas después de lo dicho por 402 exFarc-EP, agregando que, además de la práctica del secuestro, también se cometieron homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura y tratos crueles e inhumanos, esclavitud y desplazamiento forzado.
Ante estos resultados, es importante reconocer los logros del Tribunal, pero más que eso, esta información debe socializarse, pues la permanencia del conflicto armado es una muestra de las limitaciones para reconocer los costos de la guerra. Por otra parte, es necesario que comprendamos por qué persiste el conflicto, cómo se ha transformado, qué diferencia hay entre las FARC-EP que entregaron las armas y las agrupaciones criminales que se mantuvieron y pretenden establecer control territorial y poblacional en un vasto espacio nacional. Si bien, las causas del conflicto social armado hay que perseguirlas en lo estructural, también es un hecho que hay una multiplicidad de variables explicativas y que los costos humanos, sociales e históricos deberían invitarnos a reflexionar sobre la implicaciones de la guerra.