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Sarita Vargas, de 11 años, fue reportada como desaparecida el 25 de diciembre del 2024. La niña de acuerdo a la información suministrada por la Policía Nacional de Colombia mide 1.47 m, es delgada, de cabello negro, cejas pobladas y una cicatriz pequeña en una de ellas; vestía un jean negro, zapatos blancos con rosa y tenía una tula al momento de su desaparición.
Este último dato llama la atención “tenía una tula”, acaso en una discusión familiar da tiempo para que una niña busque una tula y se valla, sin que sus padres se inmuten hasta 30 minutos después, aun cuando ven como sale de su casa en altas horas de la madrugada, son incoherencias que hoy investigan las autoridades.
El caso de Sara Vargas
«Mi hermana (la mamá) dice que vio cuando abrieron el portón y la niña se salió«, relató la tía de la menor a los medios de comunicación.
Es decir, la niña estaba dentro de la casa. Salió con una tula, y desapareció, en una zona donde no hay transporte público en las horas de la noche, es oscura y solitaria, carece de presencia de policía y también de cámaras de seguridad, es un sector de Sogamoso prácticamente rural.
Otro dato que llama la atención, es que su tía fue quien reportó la desaparición a las autoridades, no su madre, por lo menos eso indicó el Secretario de Seguridad de la alcaldía de Sogamoso Alexander Merchán Cely a Caracol Tv. Inicialmente en la alcaldía de Sogamoso se especuló que la niña se había ido por voluntad propia por problemas de presunto abuso sexual y violencia intrafamiliar, claro los cuales habían sido denunciados y por los que hay un proceso penal vigente.
Sin embargo, como es usual con los procesos que llegan a la Fiscalía de Boyacá, no pasa absolutamente nada, mucho menos si se trata de feminicidios o desaparición forzada de menores.
En el informe publicado por el periodico El Tiempo se menciona “la tula” en el reporte de la desaparición de Sarita ante la policía, sin embargo en otros informes los medios ni las autoridades mencionan “la tula”.
No es un detalle menor, si la primera información que da la familia es que llevaba una tula, ¿Por qué después desmentirla o no publicarla?.
La alcaldía de Sogamoso y el ICBF han pedido que se proteja la privacidad de la niña y el dolor de la familia, sin embargo queda claro que lo que no hicieron estas entidades fue proteger la vida y la integridad de Sara Michel en el momento preciso.
En la tarde del miércoles 15 de enero de 2025, la Alcaldía de Sogamoso emitió un comunicado oficial ante la indignación social. Por otra parte, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya guarda silencio. Es importante destacar que no existe una secretaría de la mujer en esta gobernación.
Los gobernantes deben entender que la indignación social no tiene nada que ver con la política, es decir el caso de Sarita no se ha politizado. La ausencia de Estado, la inoperancia de la Fiscalía y del ICBF, la desaparición forzada de niñas y mujeres en Boyacá y los feminicidios registrados con impunidad son una realidad.
Para Albita Neira directora de la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa en París Francia, el caso de Sara Michel hace evidente que las rutas de protección de las autoridades son ineficientes, las niñas que viven en zonas rurales y son de bajos recursos estan mas vulnerables al abuso sexual, la trata, los feminicidios y la violencia fisica.
También destacó que, “En Francia las mujeres menores de edad representan hasta un 30% de las 40.000 personas que se prostituyen en el país lo que es un claro indicio de que existe trata de menores de edad en América Latina, porque muchas de estas menores de edad son latinoamericanas. ” Para Albita Neira el caso de Sarita es lamentable y contrastando con Francia piensa que “Pese a tratarse de uno de los países del oeste de Europa con una legislación más dura contra esta actividad, que sanciona desde 2016 con multas de 1.500 euros a los clientes de las trabajadoras sexuales, existen no solo en Francia sino en toda europa mafias de trata de personas que instrumentalizan menores de edad.”
Frente al caso de Sara Michel Vargas, diez millones de pesos ofreció la gobernación de Boyacá a quien brinde información para encontrarla. Una baja recompensa por la vida de una niña que hoy hace evidente una crisis institucional.
Mientras tanto, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo guarda absoluto silencio frente a este caso, dejando claro que la ausencia de Estado se expresa en toda su esencia. Se suma a esta incoherencia la ministra de la Igualdad y Vicepresidenta Francia Marquez, quien no se hace notar ni siquiera en la red social X.
Blanca Sierra, la abuela de Sarita, dijo a un medio de comunicación, que hace un tiempo Sarita vivió muy cerca de donde fueron hallados restos óseos de un cuerpo el cual podría haber sido desmembrado. Al cierre de este artículo, no se ha determinado si este cuerpo corresponde a Sara Michel Vargas.
Laura Juliana Pérez Pedraza, un feminicidio en impunidad
En el mes de junio del año 2023, Sogamoso también fue noticia. Laura Juliana Pérez Pedraza cayó desde un balcón del séptimo piso del Edificio Torres de Alcalá, en la ciudad del sol, y la familia de la víctima denunció que se podría tratar de un feminicidio por los indicios de violencia, gritos y discusiones que se generaron en el lugar del presunto homicidio.
La periodista y columnista del periódico el Diario de Boyacá Gina Rojas en una publicación denunció que contactó a la oficina de prensa de la dirección seccional de fiscalías en Boyacá para una entrevista sobre el avance de la investigación. Según informó el 24 de junio del 2024 Rojas, la respuesta de la Fiscalía fue: “para que pueda dar la entrevista necesita autorización de Bogotá. Sin embargo, el proceso está en etapa de indagación y en espera de un informe de medicina legal”.
No se comprende la respuesta de la Fiscalía, lo que sí es claro es que su negligencia permite que estos casos queden en impunidad. Hoy, ningún ente de control le exige resultados a la Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón ante una impunidad que alienta a los criminales a seguir cometiendo feminicidios sin ningún respeto por la ley en Boyacá y en Colombia.
Diego Pérez hermano de Laura Juliana Perez Pedraza denunció en la emisora W Radio que “en la indagación que hizo la Fiscalía el 13 de junio y en la que se demoró un promedio de 9 horas, los agentes aseguraron que encontraron elementos que dan cuenta que el día del fatídico hecho la abogada se encontraba acompañada por alguien.
También subrayó que “Dentro de lo poco que pudimos evidenciar, es que hay huellas, hay cosas que definitivamente permite seguir profundizando en la investigación, lo cual nos da o nos ratifica con mucha más fuerza el posible feminicidio que se pudo dar en este lugar”.
Sin embargo en la dirección de Fiscalías de Boyacá, ni Juan Carlos Cabana Fonseca como nuevo director seccional de fiscalías, ni la nefasta ex directora Lizzeth Natalia Franco Reyes, se pronuncian frente al hecho, dejando clara la inoperancia que protege al crimen y empodera a los feminicidas.
El día que presuntamente fue asesinada Laura Juliana Perez Pedraza su familia fue contactada por un amigo de ella, que fue quien la acompañó hasta la Clínica de Especialistas de Sogamoso, donde pese a que luchó unas horas por su vida, falleció debido a la gravedad de las heridas que le dejó el caer de un séptimo piso. Incluso, cuando los familiares de la abogada llegaron al centro de salud les notificaron que Laura había muerto y que su pareja se encontraba al parecer con la conciencia alterada por consumo de sustancias en un andén frente a la entrada de urgencias.
“Veo al novio de mi hermana, sentado en un estado de embriaguez o no sé si de algún consumo de alguna sustancia porque no estaba en sus cabales y desde ahí lo único que hemos sabido es que se perdió”, dijo Diego Pérez en una entrevista con RCN Radio, es increíble que la impunidad y miedo superen a las autoridades de Boyacà, la Asamblea Departamental guarda silencio y el Gobierno de Carlos Andrés Amaya ni siquiera ha creado la secretaría de la mujer, por supuesto ni mencionar el Ministerio de la Igualdad que en estos casos es invisible.
Sigue la lista negra: El drama de Derly Katherine Robayo
Otra medalla para la fiscalía de Boyacá es el caso de Derly Katherine Robayo quien se encuentra desaparecida y podemos sumarla a la lista negra en Boyacà. El caso fue reportado desde el año 2022 en la ciudad de Tunja. Katherine Vitolo quien es Psicóloga Máster en Derechos Humanos y activista de la Fundación Mujer Libre denunció el caso de desaparición forzada de Derly Robayo en una entrevista para el Tercer Canal.
Katherine Coronado Vitolo manifestó que: “Derly, una joven de 21 años fue captada por un ofrecimiento de tema laboral y desde entonces está desaparecida, no importa si las niñas son menores de edad o mayores de edad, son captadas sin su consentimiento, las extorsionan, las buscan por redes sociales, es un fenómeno que nos tiene muy preocupados” subrayo además que “debemos estar en alerta, que es importante el ejercicio y el rol de los padres, además de la trata de personas hay una violencia estructural donde hay un consumo generalizado que alienta la pornografia”.
Casos como el de Derly con el paso de los años se hacen invisibles ante el dolor de sus familiares y la inoperancia de la Fiscalía. “La vulnerabilidad de las víctimas no solo está en la edad, también hay una vulnerabilidad económica, muchas niñas captadas tienen necesidades y hacen que sean endeudadas, las ilusionan, les ofrecen recursos económicos y despues las captan y las explotan” Agrega Katherine Coronado Vitolo directora del departamento de Psicología de la Fundación Mujer Libre.
Finalmente, la periodista y activista Gina Rojas anunció que se ha logrado crear un Consejo de seguridad para proteger a las mujeres y niñas de Boyacá. Esta acción para proteger a la mujer es una iniciativa de la periodista con el respaldo de ONG`S, sin embargo las autoridades aún no activan mecanismos contundentes para luchar contra la violencia de género.
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