La Procuraduría General de la Nación ha anunciado un pliego de cargos en contra de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), debido a su presunta participación indebida en actividades políticas durante las pasadas elecciones regionales. Este caso ha generado gran controversia, ya que involucra la utilización de su cargo público para favorecer la campaña electoral de Darío Buchenicow Caballero, actual alcalde del municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander.
La situación se agrava debido a que Pinilla habría aprovechado su posición e imagen como funcionario público para incidir en el proceso electoral, lo que representa una violación directa a las normativas que prohíben la participación política de servidores públicos, salvo en el ejercicio del voto.
Las pruebas contra Pinilla Álvarez
De acuerdo con la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría, Pinilla Álvarez viajó al municipio de Sabana de Torres tan solo dos días antes de las elecciones regionales. Este desplazamiento, que no contaba con el aval de la UNGRD, tenía como aparente objetivo revisar puntos críticos del río Lebrija, en el marco de sus funciones dentro de la entidad. Sin embargo, el contexto en el que se produjo su visita ha levantado sospechas sobre sus verdaderas intenciones.
Durante su estancia en Sabana de Torres, Pinilla publicó en su cuenta personal de Facebook fotografías acompañadas de frases como “nos tomamos Sabana de Torres” y “volvimos con más fuerza”, expresiones que, según el análisis de la Procuraduría, no solo coincidían con los lemas de campaña de Buchenicow Caballero, sino que también estaban escritas en los colores que identificaban la candidatura de este. Dichas publicaciones, en plena coyuntura electoral, fueron vistas como una forma de incentivar a los votantes y manifestar apoyo indirecto a la campaña.
La Procuraduría ha argumentado que estas manifestaciones, aunque no expresamente partidistas, buscaban avivar los ánimos de los electores, infringiendo así la normatividad electoral que prohíbe a los funcionarios públicos influir en los procesos políticos o electorales.
La gravedad de la conducta y las consecuencias legales
El órgano de control disciplinario ha sido contundente al señalar que la presencia de Pinilla en el municipio de Sabana de Torres no estaba justificada por sus funciones como servidor público. Para la Procuraduría, su actuación supuso un quebrantamiento de la prohibición que tienen los servidores públicos de influir en procesos electorales. Aunque los funcionarios tienen derecho a votar, está estrictamente prohibido que utilicen su cargo o recursos del Estado para participar de manera activa en campañas políticas.
En palabras de la Procuraduría, “la actuación del disciplinable implicó un quebrantamiento sustancial de la prohibición de influir en el proceso electoral 2024-2027”, lo que compromete los principios fundamentales de moralidad e igualdad que deben regir el ejercicio de los servidores públicos. Esta prohibición tiene el objetivo de garantizar la transparencia y neutralidad de los funcionarios durante los periodos electorales, evitando que se utilicen posiciones de poder para favorecer a candidatos o partidos políticos.
Por estos motivos, la Procuraduría ha calificado la conducta de Sneyder Pinilla como una falta gravísima cometida a título de dolo. Este último concepto, en el derecho disciplinario, se refiere a que el funcionario actuó con intención deliberada de cometer la falta, consciente de sus actos y las consecuencias de los mismos. De confirmarse esta acusación, las sanciones podrían incluir desde inhabilidades para ejercer cargos públicos hasta la destitución definitiva del implicado.
Un precedente que subraya la importancia de la neutralidad electoral
El caso de Sneyder Pinilla Álvarez pone de relieve la necesidad de reforzar el control sobre la actuación de los servidores públicos durante los periodos electorales en Colombia. En un país donde la política tiende a entrelazarse peligrosamente con los intereses de ciertos grupos de poder, es fundamental que se mantenga una estricta separación entre las funciones del Estado y las campañas electorales.
La Procuraduría, como ente de control, busca garantizar que los procesos electorales se lleven a cabo en un marco de igualdad y transparencia, sin la intervención indebida de quienes ostentan cargos públicos. Este caso podría sentar un precedente importante para futuros casos en los que se detecten irregularidades similares, ya que refuerza el mensaje de que ningún servidor público está por encima de la ley electoral.
La expectativa ahora se centra en el desenlace del proceso disciplinario y las posibles sanciones que enfrente Pinilla. ¿Hasta qué punto este caso influirá en el comportamiento de otros funcionarios públicos durante las próximas elecciones? Lo que queda claro es que la Procuraduría seguirá atenta a cualquier otra actuación que comprometa la imparcialidad y el respeto por los principios democráticos en Colombia.
