Colombia ha dado un paso contundente hacia una sociedad más justa para todos los seres vivos. Lo que empezó como una indignación colectiva frente a un caso de crueldad animal, terminó convirtiéndose en un hito legislativo. La reciente sanción de la Ley Ángel por parte del presidente Gustavo Petro no solo representa una victoria simbólica, sino también un giro real en la manera como el Estado aborda el maltrato animal.
Ya lo habíamos dicho antes: cuando la sociedad se organiza y levanta la voz, pueden ocurrir transformaciones profundas. Y eso fue exactamente lo que logró la historia de Ángel, un perro que se convirtió en emblema nacional luego de sobrevivir a uno de los casos más crueles de violencia animal en el país. Su historia no solo conmovió a miles, sino que también impulsó a los legisladores a actuar.
La Ley Ángel: justicia para los animales como política de Estado
El acto de sanción tuvo lugar en la Casa de Nariño, donde el presidente Petro ratificó esta nueva normativa. La Ley Ángel eleva las penas por maltrato animal a niveles sin precedentes en Colombia. Quienes causen la muerte de un animal podrán enfrentar hasta 56 meses de prisión y deberán pagar multas que van desde 30 hasta 60 salarios mínimos.
Cuando se trate de lesiones, las sanciones también son severas: entre 20 y 48 meses de prisión, además de multas que oscilan entre 15 y 30 salarios mínimos. Pero las consecuencias no terminan ahí. Los culpables podrán quedar inhabilitados para tener animales o ejercer actividades económicas relacionadas con ellos, lo que incluye desde criaderos hasta negocios de estética canina.
Este cambio no solo responde a una exigencia ética, sino también a una modernización de los procesos judiciales. Por primera vez, se establece una ruta nacional de atención al maltrato animal, una herramienta fundamental para garantizar respuestas rápidas y eficientes. La norma también obliga al Estado a capacitar a fiscales, jueces y policías en protección animal, un paso clave para asegurar que las leyes no queden en el papel.
Nuevas facultades para la Policía y reformas a la justicia
Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva legislación es que otorga nuevas atribuciones a la Policía Nacional. En casos donde exista evidencia clara de maltrato grave, los agentes podrán ingresar a viviendas sin orden judicial, lo que elimina una de las barreras más frecuentes para actuar a tiempo.
Andrea Padilla, senadora animalista y autora del proyecto, aseguró que esta ley “recogió un sentimiento colectivo de rechazo al maltrato y de protección a los animales como seres sintientes”. Además, destacó que el texto final incorpora lineamientos que agilizan los procesos judiciales, facilitando las condenas y fortaleciendo la respuesta institucional.
La Ley Ángel es una declaración clara: los animales no son propiedad ni objetos. Son seres con derechos que merecen respeto, protección y, cuando sea necesario, justicia.
La Ley Lorenzo: el bienestar de los perros de seguridad también cuenta
En el mismo evento, el presidente Petro sancionó otra normativa clave: la Ley Lorenzo, enfocada en regular las condiciones laborales y de retiro de los perros usados en tareas de seguridad privada. La norma lleva el nombre de otro perro que, tras años de servicio, fue abandonado por la empresa para la que trabajaba.
Esta ley establece que los perros solo podrán prestar servicios hasta los seis años de edad —antes eran ocho— y obliga a las empresas a implementar planes de retiro y adopción para estos animales. Además, exige condiciones dignas para los lugares donde estos perros viven y trabajan.
La Ley Lorenzo también apunta al futuro. Uno de sus artículos más innovadores propone el desarrollo de tecnologías que, a mediano plazo, permitan reemplazar a los caninos en tareas de seguridad, apostando por alternativas no animales que respeten la vida sin comprometer la eficiencia.
¿Se convertirá Colombia en líder latinoamericano en protección animal?
Con estas dos leyes, el país da un salto cualitativo en términos de justicia y compasión. Sin embargo, el verdadero reto apenas comienza: su implementación efectiva. ¿Tendremos las instituciones la capacidad y voluntad de aplicar estas normas con rigor? ¿Veremos una transformación real en la forma en que tratamos a los animales?
Lo que es claro es que, con la Ley Ángel y la Ley Lorenzo, Colombia ha elevado su compromiso con el respeto a la vida animal. Ahora queda en manos de todos —Estado, ciudadanía, jueces y fuerzas del orden— hacer que estas leyes se cumplan. La historia de Ángel y Lorenzo nos lo recuerdan: no basta con sentir compasión, hay que actuar.
