La situación de la empresa de servicios públicos Air-e, encargada de suministrar energía en el Caribe colombiano, ha entrado en una fase crítica que exige la atención de las más altas instancias del Estado. Este 13 de enero, a las 10 a.m., la Procuraduría General de la Nación realizará una reunión clave para hacer seguimiento a la intervención de la compañía, una medida adoptada por el Gobierno en septiembre de 2024 a raíz de los graves problemas operativos y financieros que enfrenta.
Esta intervención, que contó con el aval de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ha desatado un intenso debate en el sector energético colombiano debido a sus posibles implicaciones en la estabilidad del mercado eléctrico nacional. La reunión fue convocada en respuesta a una solicitud de Empresas Públicas de Medellín (EPM), preocupada por el impacto que esta crisis pueda tener en la cadena de pagos y el equilibrio del sistema energético.
De Electricaribe a Air-e: un nuevo capítulo de retos
Air-e nació en octubre de 2020 como la solución que el Gobierno nacional proponía para superar el legado de Electricaribe, empresa liquidada tras años de ineficiencia y deudas millonarias. Con la promesa de garantizar un servicio de calidad a más de 10 millones de habitantes de la región Caribe, Air-e se presentó como un modelo renovado y comprometido con la inversión y el fortalecimiento de la red eléctrica.
Sin embargo, desde 2022 comenzaron a surgir señales preocupantes. Índices elevados de pérdida de energía por hurto, dificultades financieras y un plan de inversión que no lograba materializarse marcaron el deterioro progresivo de la compañía. En septiembre de 2024, la administración del presidente Gustavo Petro decidió intervenir la empresa, designando a Carlos Diago como agente interventor, quien sería reemplazado un mes después por Edwin Palma debido a la complejidad de la situación.
Un diagnóstico alarmante: contratos incumplidos y deterioro financiero
A principios de 2025, el interventor Edwin Palma presentó un informe detallado sobre el estado de Air-e. Según Palma, la empresa enfrenta graves deficiencias en varios frentes:
- Incumplimiento de contratos de energía: La falta de ejecución de acuerdos con terceros ha afectado la estabilidad operativa.
- Desorden contable y financiero: Se identificaron irregularidades en la gestión de los recursos, así como pérdidas acumuladas que han agravado la situación patrimonial de la compañía.
- Problemas de calidad del servicio: En algunos casos, los racionamientos de energía fueron reportados como «mantenimientos».
- Obligaciones financieras insostenibles: Air-e acumula deudas por valor de $1,9 billones, además de demandas legales por más de $69.300 millones.
- Alta exposición al mercado de energía: Los precios elevados de generación y la dependencia de la bolsa de energía han profundizado la crisis.
A esto se suma un preocupante deterioro en el plan de normalización eléctrica, que buscaba garantizar el acceso regular al servicio en comunidades vulnerables. Según Palma, los recursos destinados a este proyecto no fueron utilizados de manera adecuada, lo que ha generado cuestionamientos sobre la gestión anterior.
La postura de la Superservicios y las medidas de salvamento
La Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) ha optado por un esquema de toma de posesión con fines liquidatarios, asegurando que Air-e continuará operando bajo una administración temporal mientras se buscan soluciones de largo plazo. Entre las medidas anunciadas destacan:
- Subsidios por $300.000 millones: Estos recursos, provenientes del Gobierno nacional, buscan aliviar la presión financiera de la compañía.
- Inyección adicional de $100.000 millones: Con este respaldo económico, se espera estabilizar parcialmente la operatividad de Air-e.
El superintendente de Servicios Públicos, Libardo Yanod Márquez Aldana, ha enfatizado que la liquidación no es una opción inmediata, sino que se priorizará la recuperación financiera y operativa de la empresa. Además, el interventor Palma ha invitado a actores públicos y privados a considerar opciones como la compra de Air-e o la creación de una empresa mixta que garantice la sostenibilidad del servicio en el Caribe.
¿Qué dice la junta directiva de Air-e?
Frente a las críticas del agente interventor, la junta directiva de Air-e ha defendido su gestión. Según sus representantes, la empresa cumplió con el 90% de los indicadores operativos y logró un Ebitda positivo a finales de 2022. Además, han señalado que no se están reconociendo $5 billones que deben ser cobrados a usuarios y entidades oficiales, responsabilizando al interventor por la falta de gestión en este aspecto.
A pesar de estas afirmaciones, la situación actual de Air-e es insostenible, con crecientes demandas legales, desbalances financieros y un servicio de energía que sigue siendo cuestionado por los habitantes de la región.
Un futuro incierto para el servicio eléctrico en el Caribe
La intervención de Air-e representa un desafío monumental para el Gobierno y las instituciones encargadas de regular el sector energético. Mientras el país debate sobre el futuro de esta empresa, millones de usuarios en el Caribe esperan una solución definitiva que garantice un servicio de calidad sin interrupciones.
La reunión de hoy en la Procuraduría será clave para definir los próximos pasos. ¿Será posible estabilizar la situación financiera de Air-e y recuperar la confianza en el sistema eléctrico, o se repetirá la historia de Electricaribe? La respuesta, sin duda, marcará el rumbo del sector energético en Colombia.
