La reciente fuga de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, ha causado una fuerte controversia en el sistema judicial colombiano. Pichi, quien cumplía una medida de detención domiciliaria en una urbanización de El Poblado, Medellín, violó nuevamente las condiciones de su libertad, sumando esta fuga a un historial de 14 infracciones previas. Este hecho ha generado una ola de críticas hacia los jueces encargados de su caso, que son señalados de ser demasiado permisivos con un individuo vinculado a delitos graves como homicidio, tráfico de armas y narcotráfico.
El caso de Pichi ha puesto bajo la lupa la actuación de varios despachos judiciales, tanto en Medellín como en Bucaramanga, y ha suscitado cuestionamientos sobre las decisiones que lo favorecieron. Las autoridades locales de Medellín y Bucaramanga, encabezadas por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, han criticado la gestión de la justicia en este caso, lo que ha escalado las tensiones entre el poder judicial y las autoridades ejecutivas.
Una red de decisiones judiciales cuestionadas
El epicentro de esta polémica se sitúa en el manejo del caso por parte de dos juzgados en particular. Por un lado, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, dirigido por la jueza Mónica Patricia Londoño, ha sido señalado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien responsabilizó al juzgado por no actuar con prontitud frente a las alertas del Inpec sobre el alto riesgo de fuga de Pichi. Sin embargo, la jueza Londoño respondió que no fue su despacho el que otorgó la prisión domiciliaria, aclarando que dicha decisión había sido tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga en 2020.
La jueza Londoño explicó que su despacho simplemente se encargaba de la vigilancia de la pena una vez que alias Pichi fue absuelto en otro proceso. También aseguró que se tomaron medidas como la instalación de un brazalete electrónico para monitorear a Pichi y que el traslado a su domicilio se hizo conforme a lo ordenado en la sentencia del juzgado de Bucaramanga. No obstante, resaltó que, aunque existían alertas de incumplimiento, la ley exige seguir el debido proceso, y por tanto, no era posible revocar de inmediato la medida de prisión domiciliaria sin completar el trámite legal correspondiente. Finalmente, mencionó que el 8 de octubre de 2024, luego de seguir el proceso indicado, se revocó dicha medida.
La conexión política: la jueza y el gobernador
Otro punto clave en esta controversia es la figura de la jueza María Piedad Díaz Mateus, del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, quien absolvió a Óscar Camargo Ríos de múltiples delitos graves, incluyendo concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. Esta absolución fue emitida en julio de 2024, desatando fuertes críticas debido a la gravedad de los delitos de los que Pichi era acusado.
La jueza Díaz Mateus es hermana del gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus, lo que ha levantado sospechas sobre un posible conflicto de interés en el manejo del caso. Sin embargo, el gobernador ha negado rotundamente cualquier vínculo con la decisión judicial de su hermana, subrayando que desconocía que ella estaba a cargo del caso de alias Pichi y asegurando que su carrera como militar siempre ha estado orientada a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Díaz ha calificado la fuga de Pichi como una burla al sistema judicial y ha pedido una revisión exhaustiva de los procedimientos llevados a cabo tanto por la Fiscalía como por los tribunales.
La Fiscalía y la Procuraduría, en el centro de la controversia
Aparte de las críticas dirigidas a los jueces, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han sido objeto de cuestionamientos en este caso. La Fiscalía ha sido señalada por no presentar pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra Pichi, lo que facilitó su absolución en varias ocasiones. Asimismo, la Procuraduría ha sido criticada por aparentemente haber favorecido la absolución del acusado, lo que ha llevado a que muchas voces exijan una reforma en los mecanismos de investigación y recolección de pruebas en casos de alto perfil.
El Consejo Nacional de Disciplina Judicial ha iniciado una investigación preliminar para determinar si hubo fallas disciplinarias en el manejo del caso de alias Pichi, especialmente en relación con el papel de los jueces involucrados. Esta investigación podría arrojar más luz sobre las decisiones que llevaron a la libertad de un individuo con un historial criminal tan grave.
Implicaciones y preguntas sin respuesta
La fuga de Óscar Camargo Ríos plantea serias preguntas sobre la eficacia del sistema judicial colombiano en casos de alto perfil. El hecho de que Pichi haya podido violar su libertad domiciliaria en tantas ocasiones sin una intervención rápida y eficaz pone en evidencia posibles fallas estructurales, tanto en la vigilancia de las penas como en la toma de decisiones judiciales.
Además, la conexión familiar entre la jueza que absolvió a Pichi y el gobernador de Santander ha generado suspicacias sobre la independencia del poder judicial en este caso. Aunque el gobernador ha insistido en que no tuvo ninguna injerencia en las decisiones de su hermana, la situación sigue siendo vista con escepticismo por la opinión pública, lo que resalta la necesidad de transparencia en estos procesos.
Finalmente, la pregunta central es: ¿cómo se permitirá que un caso como el de alias Pichi, vinculado a delitos tan graves, haya llegado a este punto de impunidad y cómo se garantizará que la justicia actúe con mayor diligencia en el futuro?