Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, enfrenta desde el pasado jueves 2 de diciembre una crisis energética sin precedentes. Un apagón generalizado afecta a toda la ciudad debido a la falta de giros para el pago de subsidios por parte del Gobierno Nacional. Este problema, que se arrastra desde hace meses, ha puesto en evidencia las dificultades estructurales en la financiación del servicio eléctrico en esta región apartada del país.
Según las autoridades locales y la empresa encargada del suministro eléctrico, Electrovichada, la deuda acumulada por subsidios supera los $6.000 millones de pesos, y su ausencia ha llevado al colapso de la capacidad de generación energética. A pesar de que los habitantes de Puerto Carreño cumplen con el pago puntual de sus facturas, estas tarifas no son suficientes para cubrir los costos del servicio, que depende en gran medida de los subsidios gubernamentales.
La raíz del problema: retrasos en los giros de subsidios
La empresa Electrovichada, que tiene la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico en Puerto Carreño, explicó en un comunicado que los subsidios representan más del 50% de la energía facturada en la región. Desde abril de 2024, el Ministerio de Minas y Energía (MME) no ha realizado los giros correspondientes, lo que ha generado un grave desequilibrio financiero.
Las limitaciones en el flujo de caja de Electrovichada han afectado directamente la capacidad operativa de las plantas generadoras, que operan con sistemas basados en diésel y biomasa. Actualmente, la capacidad instalada de generación, con 4.4 MVA en diésel y 4.5 MVA en biomasa, resulta insuficiente para atender la demanda de la ciudad.
Además, las empresas proveedoras de combustibles como Refoenergy y Terpel han suspendido el suministro debido a las deudas acumuladas. Según declaraciones del Gobernador del Vichada, Alex Benito, solo a Terpel se le adeudan más de $4.600 millones desde octubre, situación que ha imposibilitado la compra de combustible para las plantas de respaldo.
Impacto en la comunidad y la economía local
El apagón no solo ha dejado a los habitantes de Puerto Carreño sin energía eléctrica, sino que ha paralizado gran parte de la actividad económica en esta región fronteriza. Negocios, colegios, hospitales y hogares enfrentan enormes dificultades debido a la interrupción del servicio. El hospital departamental, por ejemplo, se ha visto obligado a operar con plantas eléctricas de emergencia, cuyo combustible es limitado y costoso.
En la vida cotidiana, los residentes lidian con la falta de refrigeración para alimentos, la imposibilidad de cargar sus dispositivos móviles y la afectación en la provisión de agua, que depende del suministro eléctrico para su bombeo. Esta crisis ha desatado indignación y llamados urgentes a las autoridades nacionales para que resuelvan la situación.
El alcalde de Puerto Carreño, Jaime Rodríguez, ha descrito la situación como insostenible y urgió al Gobierno Nacional a ponerse al día con los recursos adeudados. «La gente paga sus facturas, pero eso no es suficiente. Necesitamos que los subsidios lleguen para cubrir los costos reales del servicio», expresó Rodríguez en una rueda de prensa.
Acciones y búsqueda de soluciones
En un esfuerzo por encontrar una salida a esta crisis, Electrovichada ha organizado mesas de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y los proveedores de combustible. Sin embargo, hasta el momento, no se ha logrado un acuerdo concreto que permita reactivar el suministro de energía.
Las autoridades locales, encabezadas por el Gobernador Alex Benito y el alcalde Jaime Rodríguez, están haciendo un llamado conjunto al Gobierno Nacional para que priorice la situación de Puerto Carreño. Según el Gobernador, los retrasos en los giros de subsidios no solo afectan a las empresas proveedoras, sino que ponen en peligro la estabilidad social y económica de toda la región.
En el corto plazo, las únicas alternativas disponibles son el uso de plantas diésel de emergencia y el establecimiento de un cronograma de cortes rotativos para mitigar el impacto del apagón. Sin embargo, estas medidas son insuficientes y costosas, especialmente en un contexto donde el combustible escasea y las deudas crecen.
