Colombia, antes y después del Acuerdo Final de Paz
La firma del Acuerdo Final de Paz significa el hecho más importante en la reducción de cifras de violencia y de algunas de las principales afectaciones contra la naturaleza en la historia del conflicto colombiano.
Los atentados contra la estructura petrolera se redujeron significativamente y algunas de las vulneraciones provocadas por la minería ilegal también, especialmente en los dos primeros años de la implementación. Con el Acuerdo se cambia el enfoque de la política de drogas por el de una sustitución con criterios ambientales, se proponen alternativas a los conflictos en Áreas Protegidas y se establecen mecanismos para la protección de liderazgos, incluidos los ambientales.
Desde 1986 hasta el 2015 Ecopetrol reportó 2.575 atentados contra la infraestructura petrolera (Ecopetrol, 2015) y, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre 2012 a 2014 se produjeron 508 atentados. En suma, hasta 2015, 9,3 millones de barriles de crudo fueron robados de los oleoductos del país, de los cuales 6,5 millones terminaron vertidos sobre ecosistemas naturales. El cambio en este aspecto es drástico después de la firma del Acuerdo Final de Paz, pues en el 2017 se reportaron únicamente cuatro atentados, cuatro más en 2018, 19 en 2019 y cinco en 2020 principalmente atribuibles a estructuras armadas que no hicieron parte del proceso de paz.
Esos mismos ríos en los que circulaba crudo derramado también se convirtieron en el lugar donde en muchas de las masacres de nuestro conflicto se vertieron los cuerpos de personas inocentes; el Acuerdo permitió resignificar los ríos como objetos de la memoria colectiva y la paz, un débil equilibrio con la reconfiguración de la guerra que hoy los afecta nuevamente.
Comparativamente las vulneraciones contra los ecosistemas provocadas por la minería ilegal también redujeron su frecuencia en los primeros dos años de implementación, pero aumentan a partir del 2019 hasta un pico de 71 eventos en el 2021 protagonizados principalmente por el Clan del Golfo y el ELN en departamentos como Antioquia, Chocó y Bolívar.
El caso de la deforestación es paradigmático, ya que después del proceso de dejación de armas de las antiguas FARC aumentó la pérdida de bosques de manera exponencial. Especialmente en la Amazonía, en 2015 se deforestaron 123.841 hectáreas (ha.), 177.674 ha. en 2016, 2219.592 ha. en 2017 y 197.159 ha. en 2018. Este sin duda sigue siendo uno de los principales retos de la conservación a nivel nacional ligados a la consolidación de la paz en nuestro país; sin embargo, en el último trimestre del 2023 y primero del 2024 se evidenció una fuerte contención de la pérdida de bosque gracias a las políticas del actual gobierno. Lo anterior se dio en el marco de la profundización de una economía basada en el extractivismo, en la cual las comunidades no tuvieron decisión ni participación representando enormes impactos ambientales.
El Acuerdo a pesar de no proponerse la transformación del modelo económico, sí pretende reversar algunas de las consecuencias socioecológicas de esa forma de relacionarnos con la tierra. Con la firma del Acuerdo Final de Paz también hay un cambio drástico en la política contra las drogas que en el pasado afectó ecosistemas sensibles con aspersiones aéreas y destrucción de pequeñas infraestructuras de transformación de la hoja de coca.
Hoy, con el desarrollo del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la Política Nacional de Drogas, la transformación gradual de las economías ilícitas por otras ajustadas a la vocación ambiental de los territorios es la premisa. Gracias al Acuerdo Final de Paz (AFP) también se abrió la posibilidad de gestionar problemas relacionados con el uso, la ocupación y tenencia de tierras al interior de áreas protegidas; antes del AFP el campesinado era un sujeto incompatible con la conservación y es gracias a lo desarrollado en el Punto 1 sobre Reforma Rural Integral que hoy es reconocida la dimensión ambiental del campesinado y su rol indispensable en la protección de la biodiversidad.
El Acuerdo Final de Paz representa un esfuerzo en el cierre de brechas y violencias históricas con implicaciones directas en los ecosistemas y sus pobladores, por ello es un instrumento central en la construcción de la Paz con la Naturaleza.