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Hallazgos fiscales por $160.000 millones en la Agencia Nacional de Tierras

by admin
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Contraloría alerta sobre irregularidades en adquisición y adjudicación de predios para la reforma rural

La Contraloría General de la República ha identificado hallazgos fiscales por $160.000 millones en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), debido a presuntas irregularidades en la adquisición y adjudicación de predios destinados a la reforma rural en Colombia.

Predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria

Uno de los problemas más graves detectados es la compra de predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria. Según el informe, muchos de los terrenos adquiridos presentan suelos de clase VII, lo que los hace improductivos para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones.

El ente de control advirtió que más del 50% de la superficie de estos predios presenta esta clasificación, incumpliendo la normativa que prohíbe la adquisición de terrenos con más del 20% en suelos de clase VII y VIII. Además, se detectó que algunos de estos predios cuentan con humedales en un 30% de su extensión, lo que impide su aprovechamiento adecuado.

Ocupaciones ilegales y detrimento patrimonial

Otro hallazgo preocupante es la existencia de ocupaciones ilegales en los predios adquiridos. La falta de diligencia de la ANT en la recuperación efectiva de estas tierras ha generado un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones. Esta situación también ha impactado negativamente a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que debían beneficiarse con la adjudicación de estos terrenos.

Retrasos en la entrega de predios y costos adicionales

El informe de la Contraloría también evidenció que los retrasos en la entrega de predios han afectado la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales. De los 205 predios disponibles, apenas:

  • 12,2% fueron entregados a la población campesina
  • 5,3% a comunidades indígenas
  • 1% a comunidades afrodescendientes

Esta falta de celeridad obstaculiza el desarrollo rural, incumple las metas de la Reforma Rural Integral y genera costos adicionales para la ANT, que debe mantener tierras ya adquiridas pero no entregadas. Este retraso ha ocasionado un presunto detrimento de los recursos públicos por $110.322 millones.

Impacto en el acuerdo de paz y desarrollo rural

El incumplimiento en la gestión de estos predios no solo genera un impacto económico, sino que también afecta gravemente el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz, poniendo en riesgo el bienestar de las comunidades rurales que dependen de estas tierras para su sustento.

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