La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, continúa siendo el epicentro de uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado en Colombia. En las últimas horas, equipos forenses han encontrado nuevas estructuras óseas, un avance clave para la identificación de víctimas de desaparición forzada.
Este hallazgo, anunciado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), mantiene la esperanza de cientos de familias que han esperado durante décadas respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, el proceso para identificar los restos no será inmediato, pues implica un trabajo científico y legal que, en muchos casos, puede extenderse durante meses.
Un pasado marcado por el conflicto en La Comuna 13
La Comuna 13, una zona que en su momento fue sinónimo de resistencia y comunidad, se convirtió en un escenario de horror durante los años más cruentos del conflicto armado. En la parte alta de la comuna, operaba una base paramilitar donde se cometían asesinatos y torturas, según las investigaciones realizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las víctimas de estos actos atroces eran lanzadas a La Escombrera, un terreno que se ha convertido en una fosa común que guarda los restos de centenares de personas.
La JEP ordenó en julio de 2024 la intervención forense de La Escombrera, luego de años de inacción estatal. Las excavaciones se reanudaron en diciembre de 2024 tras una breve pausa durante la temporada de fin de año, y desde entonces se han removido más de 36.450 m³ de tierra bajo la supervisión de antropólogos, ingenieros, topógrafos y forenses.
El trabajo realizado en el polígono protegido, un área priorizada de 2.417 m², ha permitido encontrar restos que podrían corresponder a cerca de 500 víctimas de desaparición forzada. Este espacio, antes olvidado por las instituciones, ahora concentra los esfuerzos de varias entidades estatales y organizaciones de derechos humanos que buscan traer justicia y alivio a las familias de los desaparecidos.
La importancia de la identificación y el papel de las familias
Uno de los mayores desafíos en este proceso ha sido la falta de muestras biológicas de los familiares de las víctimas, indispensables para identificar las estructuras óseas encontradas. Muchas familias, agotadas por la lentitud de las intervenciones estatales y el miedo generado por décadas de conflicto, decidieron no aportar sus muestras de ADN en el pasado.
La UBPD ha hecho un llamado urgente a los familiares de desaparecidos en esta zona del país para que acudan a sus sedes o se comuniquen a la línea 018000-117175. Este paso es vital para avanzar en el cotejo de ADN y lograr identificar a las víctimas halladas en La Escombrera.
Desde las excavaciones reanudadas en diciembre de 2024, se han encontrado restos de dos hombres y una mujer, y las recientes estructuras óseas enviadas al Instituto Colombiano de Medicina Legal podrían sumar dos cuerpos más a la lista. Cada hallazgo no solo representa un avance científico, sino también una luz de esperanza para los familiares que, durante años, han encabezado la búsqueda de sus seres queridos.
Las buscadoras: el motor de esta labor humanitaria
Detrás de cada excavación, hay una fuerza motriz que no ha descansado: las mujeres buscadoras, madres, esposas y hermanas que han enfrentado años de indiferencia y burocracia. Con sus miradas esperanzadas y una tenacidad incansable, han presionado a las autoridades y han servido como vigilantes de un proceso que no solo busca huesos, sino también respuestas.
Estas mujeres no solo esperan recuperar a sus familiares, sino también dignificar sus memorias. En un país que ha vivido décadas de violencia, la búsqueda de los desaparecidos es también una búsqueda de verdad y reconciliación.
¿Qué sigue para La Escombrera y las víctimas?
El hallazgo de nuevas estructuras óseas es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer en la búsqueda de justicia y verdad en Colombia. Si bien las excavaciones en La Escombrera han dado frutos, el proceso de identificación y entrega de cuerpos es apenas el comienzo de un camino largo y doloroso para las familias.
La pregunta que queda en el aire es: ¿qué hará el Estado para garantizar que esta intervención no sea una excepción, sino el estándar en la búsqueda de desaparecidos en otras zonas del país? La memoria de las víctimas y la dignidad de sus familias no pueden seguir esperando.