La mañana de este viernes, 24 de enero, el presidente Gustavo Petro, en compañía de su gabinete ministerial, firmó un decreto que establece el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La decisión responde a la grave crisis humanitaria y la intensificación de la violencia por parte del grupo criminal ELN, cuyos recientes ataques han causado desplazamientos masivos, pérdidas humanas y un deterioro en la estabilidad institucional.
La medida abarca a todos los municipios de la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y otros territorios circundantes, marcando un intento del Gobierno Nacional por contener la creciente inseguridad y restaurar los derechos fundamentales de la población afectada.
Municipios y territorios incluidos en el decreto
El estado de conmoción interior se aplica específicamente en los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, así como en los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. En el área metropolitana de Cúcuta, la medida afecta a municipios como Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Además, se incluye a los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar, considerados puntos estratégicos para las operaciones del ELN.
Según el decreto, la decisión tiene como objetivo garantizar la transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas y reforzar mecanismos de control para evitar la corrupción en el manejo de los recursos destinados a la región. Esta supervisión será fundamental para asegurar la correcta ejecución de obras y servicios en un contexto tan frágil.
El ELN y su creciente impacto en la región
El documento señala que el ELN ha incrementado sus actividades delictivas en la región del Catatumbo, afectando tanto a la población civil como a los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016. El grupo armado utiliza los municipios del Cesar, como Río de Oro y González, como corredores estratégicos para el tránsito de sus estructuras y actividades ilegales, incluyendo el secuestro, las rentas criminales y el transporte de insumos para el narcotráfico.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, el Frente de Guerra Oriental del ELN, con base en el departamento de Arauca, ha enviado refuerzos al Catatumbo desde el 15 de enero de 2025. Estas acciones han exacerbado la situación de violencia en la región, contribuyendo a una crisis que afecta profundamente la prestación de servicios esenciales y la convivencia ciudadana.
El decreto también destaca que las economías ilegales, particularmente el narcotráfico, juegan un papel central en el financiamiento de las actividades del ELN, lo que complica aún más los esfuerzos del Gobierno para estabilizar la zona.
Impacto en la población y los servicios esenciales
La crisis humanitaria generada por la violencia en el Catatumbo ha dejado a miles de personas en una situación de alta vulnerabilidad. Según el Gobierno Nacional, servicios clave como educación, justicia, salud, agua potable y alcantarillado se encuentran gravemente afectados, mientras que la actividad comercial e industrial en la región ha sufrido grandes retrocesos.
El decreto destaca la necesidad de implementar medidas inmediatas para asegurar que la población tenga acceso a servicios básicos de calidad, especialmente en comunidades rurales e indígenas que enfrentan mayores riesgos de desplazamiento y exclusión.
Además, se ha identificado que la falta de recursos económicos para atender la emergencia requiere un replanteamiento fiscal por parte del Gobierno. Esto podría incluir la creación de nuevos impuestos para financiar las acciones necesarias, un tema que seguramente generará debate en el Congreso y entre los ciudadanos.
¿Qué sigue para el Catatumbo?
El decreto firmado por el presidente Petro deja claro que el estado de conmoción interior no es solo una medida de emergencia, sino parte de un esfuerzo integral para combatir las estructuras ilegales, garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden institucional en la región. Sin embargo, el desafío es monumental, considerando la complejidad del conflicto armado y la precaria situación fiscal del país.
En este contexto, surge la pregunta: ¿será suficiente esta medida para devolver la tranquilidad a la región o será necesario un enfoque más amplio que incluya diálogos con los grupos armados y una inversión estructural sostenida? La comunidad internacional, los líderes locales y los propios habitantes del Catatumbo estarán observando de cerca cómo evoluciona esta crisis en los próximos meses.
