Derechos humanos y seguridad son dos pilares fundamentales que enfrentan una crítica situación en las subregiones del Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca de Antioquia, así como en el sur del departamento de Bolívar. La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre el agravamiento de los conflictos armados, con graves consecuencias para la población civil y el respeto al derecho internacional humanitario.
En municipios como Briceño y El Bagre, los enfrentamientos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las disidencias del Frente 36 y el ELN han generado desplazamientos masivos y un clima de violencia que ha dejado a cientos de familias en condiciones de alta vulnerabilidad. ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional para atender esta situación?
Desplazamientos forzados: el rostro humano del conflicto
El municipio de Briceño es uno de los ejemplos más alarmantes de esta crisis. Según la Defensoría del Pueblo, 58 familias (135 personas) del corregimiento Pueblo Nuevo han tenido que abandonar sus hogares debido a enfrentamientos entre el EGC y las disidencias de las FARC. Una situación similar ocurre en El Bagre, donde el desplazamiento de 96 familias de las veredas Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada evidencia la magnitud del problema.
El impacto sobre estas comunidades no solo se limita al desplazamiento. La falta de garantías para un retorno seguro y la ausencia de medidas de protección territorial agravan la vulnerabilidad de estas personas, quienes pierden sus medios de vida y quedan expuestas a violaciones sistemáticas de sus derechos.
Expansión del EGC: una amenaza creciente
La Defensoría del Pueblo ha alertado que la presencia territorial del Ejército Gaitanista de Colombia ha aumentado un 62% en los últimos años. Esta expansión ha consolidado al EGC como el grupo armado ilegal con mayor alcance en el país, lo que representa una amenaza significativa para la estabilidad de las regiones afectadas.
En el Suroeste antioqueño, el municipio de Jericó ha sido escenario de enfrentamientos entre el EGC y grupos de criminalidad organizada. La intervención del Ejército Nacional, que incluyó la captura de un mando clave del EGC, subraya la gravedad de la situación. Sin embargo, esta respuesta también deja preguntas sobre la capacidad del Estado para contener la expansión de estos grupos en territorios previamente considerados seguros.
Violencia de género: un problema alarmante
Otro hecho que sacudió a la región fue el asesinato de dos mujeres secuestradas el 23 de enero. Sus cuerpos, hallados en la vía al corregimiento Loma de Ochalí, en Yarumal, están siendo investigados como un posible caso de feminicidio. La Defensoría ha insistido en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres, adoptando un enfoque diferencial que contemple las particularidades de género.
Según cifras del organismo, la violencia contra las mujeres ha aumentado significativamente en los últimos meses, un fenómeno que se intensifica en contextos de conflicto armado y debilidad institucional.
Recomendaciones urgentes para el Gobierno Nacional
Ante esta crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo ha presentado un conjunto de recomendaciones al Gobierno Nacional, entre las que destacan:
- Fortalecer la seguridad territorial para garantizar el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
- Activar los Comités de Justicia Transicional, asegurando un retorno seguro para las familias desplazadas.
- Implementar medidas con enfoque diferencial, especialmente en prevención de la violencia de género.
- Brindar justicia y atención humanitaria, asegurando una respuesta rápida y adecuada a las comunidades afectadas.
La implementación de estas acciones es crucial para mitigar los efectos de la violencia y construir condiciones de paz y seguridad en las regiones más golpeadas por el conflicto.
¿Qué sigue para Antioquia y Bolívar?
La situación en Antioquia y Bolívar plantea serios retos para el Gobierno Nacional, los organismos internacionales y la sociedad civil. Mientras las comunidades desplazadas esperan soluciones concretas, persisten las dudas sobre la eficacia de las estrategias de seguridad y asistencia humanitaria implementadas hasta ahora. ¿Será posible frenar la expansión del EGC y garantizar la protección de los derechos humanos en estas regiones? El futuro de miles de personas depende de ello.
