El Gobierno Nacional ha emitido el decreto que oficializa el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, luego de que el Congreso no aprobara el proyecto presentado inicialmente. Este presupuesto, que se fijó en 511 billones de pesos, implica un recorte de 12 billones respecto a los 523 billones radicados originalmente. La decisión, motivada por la crisis fiscal que enfrenta el país y el hundimiento de la reforma tributaria, marca un escenario de ajustes económicos que impactará directamente a los ministerios y entidades públicas.
En un contexto de desaceleración económica y menores ingresos fiscales, la administración ha iniciado mesas técnicas para determinar las áreas específicas donde se realizarán los recortes. Las proyecciones para 2025 apuntan a ajustes significativos en sectores clave como vivienda, educación y programas sociales, afectando a millones de colombianos.
¿Por qué se recortaron 12 billones del presupuesto?
La reducción del presupuesto responde a la necesidad de equilibrar las cuentas públicas tras el hundimiento de la reforma tributaria, una medida que habría generado recursos adicionales para el Estado. Ante la ausencia de esta reforma, el Gobierno se ve obligado a ajustar el gasto en áreas donde la ejecución presupuestal ha sido baja o donde los resultados esperados no se han cumplido.
El Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla, destacó que estos ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal del país y evitar una mayor desfinanciación de los programas públicos.
Sin embargo, este recorte también refleja la complejidad política y fiscal que enfrenta el Gobierno, con un Congreso que no logró consensos sobre el presupuesto ni sobre las reformas estructurales necesarias para aumentar los ingresos.
Impacto en sectores clave: vivienda, educación y programas sociales
La decisión ya ha generado repercusiones en sectores estratégicos, cuyos representantes han anunciado ajustes drásticos en sus programas de inversión para 2025. Entre los casos más destacados están:
- Ministerio de Vivienda: El programa Mi Casa Ya, una de las iniciativas más importantes para facilitar el acceso a vivienda a familias de bajos ingresos, no admitirá nuevas postulaciones hasta nueva orden. Esta medida afecta directamente a miles de colombianos que esperaban beneficiarse del subsidio para adquirir su primera vivienda.
- Icetex: La entidad encargada de financiar estudios superiores anunció que disminuirá la cantidad de créditos otorgados para el próximo año. Esto podría limitar las oportunidades de acceso a la educación superior, especialmente para jóvenes de bajos recursos.
- Otras áreas sociales: Aunque aún no se han anunciado recortes específicos en programas sociales, es probable que áreas como salud, subsidios y proyectos de infraestructura también enfrenten restricciones.
Reacciones económicas y políticas
La decisión del Gobierno de expedir el decreto sin mayores demoras fue celebrada por algunos sectores económicos. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, por ejemplo, elogió la medida a través de redes sociales, afirmando que «hace bien el Gobierno en presentar el decreto sin la desfinanciación».
Para los economistas, esta medida era necesaria para evitar la parálisis de la administración pública en 2025. Aunque el recorte de 12 billones es significativo, destacan que podría haberse evitado con un acuerdo político más sólido sobre la reforma tributaria.
Por su parte, desde la oposición, las críticas se centraron en la falta de liderazgo del Gobierno para lograr consensos en el Congreso. Además, señalaron que los recortes afectarán principalmente a la población más vulnerable, al limitar el acceso a programas sociales y de inversión pública.
¿Qué se espera a partir de ahora?
En las próximas semanas, las mesas técnicas convocadas por el Gobierno trabajarán para definir con precisión qué ministerios y programas verán reducidos sus presupuestos. Esta tarea será crucial para minimizar el impacto social de los recortes y priorizar sectores estratégicos que garanticen el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad.
La gran pregunta que queda en el aire es si este ajuste será suficiente para enfrentar la crisis fiscal del país. Sin una reforma tributaria estructural y consensuada, muchos analistas temen que los problemas de financiación persistan en los próximos años, obligando a nuevos recortes y a una mayor limitación de los programas públicos.