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Los llamados gestores de paz, exjefes narcoparamilitares, tienen pendiente la entrega de 275 bienes despojados a sus víctimas, según denuncias de la Unidad para las Víctimas.
Estos bienes, que continúan bajo el control de testaferros, no figuran en el inventario del Fondo de Reparación a Víctimas, lo que genera dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas.
¿Qué está pasando con los bienes de exparamilitares?
Entre 2011 y noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación entregó 3.398 bienes al Fondo de Reparación a Víctimas. De estos, 580 han pasado por procesos de extinción de dominio, mientras que el resto permanece bajo medidas cautelares.
Además, 1.383 propiedades están en ocupación no autorizada, es decir, siguen en manos de testaferros vinculados a exparamilitares.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, solicitó celeridad en los procesos judiciales y mayor compromiso de la Fiscalía para identificar y recuperar estos bienes.
“Es fundamental una respuesta contundente para perseguir los bienes con ocupación no autorizada, los que aún están en condiciones de testaferrato y los que no han sido entregados”, declaró Lilia Solano.
Entre los gestores de paz mencionados figuran nombres como Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Ever Veloza, alias ‘HH’; Rodrigo Pérez; Edwar Cobos; Ramón Isaza; Arnubio Triana; y Ramiro Cuco Vanoy.
Según la Unidad para las Víctimas, estos exjefes paramilitares no han incluido los 275 bienes en el inventario oficial del Fondo de Reparación, generando interrogantes sobre su paradero.
En una declaración de 2022, Salvatore Mancuso informó sobre la entrega de 105 bienes, que incluyen más de 7.000 hectáreas ubicadas en Tibú y La Gabarra. Sin embargo, estos bienes no aparecen registrados en los inventarios del Fondo.
Además, tampoco figuran 31 bienes bajo procesos de extinción de dominio que habrían estado en manos de Rodrigo Tovar Pupo, otro excomandante paramilitar.
“¿Dónde están esos bienes que no figuran en el Fondo de Reparación? Esa tarea no se ha completado y el rol de la Fiscalía es clave”, insistió Solano.
La Unidad para las Víctimas también solicitó que se investigue la procedencia de los bienes que no han sido reportados ni recuperados.
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