La Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, anunció una serie de citaciones dirigidas a la cúpula de la Policía Nacional que operó bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Estas citaciones buscan esclarecer las circunstancias de la presunta compra irregular del software espía Pegasus, en un caso que ha desatado polémica por su posible uso indebido para realizar espionaje no autorizado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado en diversos países debido a su potencial para vulnerar la privacidad y los derechos humanos.
La fiscal Camargo, quien asumió el cargo en marzo de 2024, confirmó que altos mandos de la Policía de la época, incluyendo a los generales Óscar Atehortúa y Jorge Luis Vargas, serán llamados a declarar sobre su posible rol en la adquisición de este software y su presunto uso en actividades de inteligencia.
Transacciones millonarias bajo la lupa de la Fiscalía
En el marco de esta investigación, la Fiscalía ha identificado dos transacciones financieras clave, las cuales habrían sido realizadas en 2021, por un monto total que supera los once millones de dólares. Estas operaciones, según la investigación, podrían haber facilitado el ingreso de Pegasus al país de forma irregular. Los investigadores de la Fiscalía cuentan con un documento procedente de Israel que confirma las entregas de dinero a NSO Group en dos pagos sustanciales.
La primera de estas transacciones habría tenido lugar en junio de 2021, cuando se envió una suma aproximada de 5,5 millones de dólares a NSO Group desde Colombia. La segunda transferencia, realizada entre septiembre y octubre de ese mismo año, habría alcanzado los seis millones de dólares. Estos pagos despiertan sospechas sobre los procesos de adquisición y levantan cuestionamientos sobre el uso final del software, dado que su precio elevado sugiere una planeación que requeriría autorización en los niveles más altos de la línea de mando.
Cooperación internacional y el rol del CTI
La Fiscalía, consciente de las complejidades del caso, ha anunciado su intención de establecer contacto directo con autoridades israelíes para avanzar en la obtención de información clave. Luz Adriana Camargo indicó que se están reforzando los canales de colaboración con Israel para enviar una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que se encargará de recopilar elementos materiales probatorios en territorio israelí. Esta misión busca, entre otras cosas, entrevistar a directivos de NSO Group, la empresa responsable de la tecnología, y analizar los registros de transacciones y acuerdos realizados.
Este contacto internacional será vital para aclarar las circunstancias en que Pegasus llegó a Colombia, dado que el software espía está catalogado como tecnología de uso restringido y, en teoría, su comercialización requiere justificación y controles muy específicos. Con el respaldo de las autoridades israelíes, el equipo del CTI buscará definir si existieron omisiones o irregularidades en el proceso de adquisición, y si la Policía Nacional de entonces cumplió con los protocolos legales y de seguridad que este tipo de compra requiere.
¿Qué implica el caso Pegasus para los derechos y la privacidad en Colombia?
El software Pegasus ha sido señalado por su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles sin ser detectado, lo que permite acceder a datos sensibles y comunicaciones personales de sus objetivos. Esta tecnología ha sido utilizada en varios países para monitorear a periodistas, activistas, y políticos, desatando alarmas sobre su potencial para vulnerar la privacidad y los derechos humanos. En Colombia, las revelaciones sobre la posible adquisición de Pegasus y su presunto uso por parte de la Policía durante el gobierno de Duque abren interrogantes sobre el respeto al derecho a la intimidad y los límites del poder estatal.
Diversos colectivos de derechos humanos y entidades de control han solicitado mayor transparencia sobre el uso de Pegasus en Colombia. Según sus portavoces, el software podría haber sido empleado para realizar interceptaciones sin el debido proceso legal, lo cual afectaría directamente las libertades y derechos de los ciudadanos. La presencia de este tipo de herramientas en manos de entidades de seguridad genera una preocupación legítima sobre la posible invasión de la privacidad y el riesgo de abusos de autoridad.