La Fiscalía General de la Nación formalizó acusaciones contra cinco personas involucradas en un entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los principales implicados están Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la entidad, quienes habrían liderado una serie de irregularidades para beneficiar a contratistas específicos en la adjudicación de contratos.
Desvío de recursos para emergencias
Según la investigación de la Fiscalía, los acusados enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Las irregularidades involucran la malversación de 46.800 millones de pesos, destinados a la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua potable a comunidades indígenas en La Guajira, una de las regiones más golpeadas por la sequía.
La Fiscalía reveló que los contratos adjudicados no cumplían con los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida de los recursos públicos. Además, se encontraron evidencias de direccionamiento de seis órdenes de proveeduría hacia empresas vinculadas al contratista Luis Eduardo López Rosero, uno de los principales beneficiados en este entramado de corrupción.
Los otros implicados y el modus operandi
Junto a López y Pinilla, también fueron acusados Luis Carlos Barreto, exdirector de Conocimiento de la UNGRD, por el delito de concierto para delinquir agravado; Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad, y Luis Eduardo López Rosero, el contratista favorecido.
El esquema de corrupción no solo abarcó la compra de carrotanques. También se identificaron contratos fraudulentos para la adquisición de 20 carrotanques adicionales por 27.000 millones de pesos y 20 camiones tipo bombero por 31.000 millones de pesos. Además, se descubrió un contrato de alquiler de carrotanques por 24.000 millones de pesos, suscrito con personas cercanas a Pinilla.
La Fiscalía señaló que Rodríguez Melo filtró información privilegiada a López Rosero con tres meses de anticipación, facilitando la adjudicación irregular de los contratos. Por su parte, Barreto habría gestionado la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), permitiendo redirigir estos recursos hacia actividades ilícitas.
Audiencias y nuevas acusaciones
El caso avanza en la justicia y se espera que las audiencias preparatorias de juicio se lleven a cabo el 3 y 23 de abril, y el 7 de mayo. Además, se ha revelado que algunos acusados ya han llegado a preacuerdos de colaboración con la justicia, lo que podría derivar en reducciones de pena a cambio de información clave sobre la red de corrupción.
Por otro lado, la Fiscalía también anunció que el próximo 6 de marzo se formalizará la acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, investigada por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Ortiz, señalada por Sneyder Pinilla, habría intermediado en la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name.
Desde su reclusión en diciembre de 2024, Ortiz ha negado las acusaciones y denunció que el principal testigo del caso fue asesinado. No obstante, aún podría optar por un acuerdo con la justicia antes de su audiencia.
Impacto y cuestionamientos a la UNGRD
Este escándalo ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, pues la UNGRD es una entidad clave en la atención de emergencias y desastres en Colombia. La corrupción no solo significó la pérdida de recursos públicos, sino también afectó directamente a comunidades vulnerables que dependen de estos proyectos para su supervivencia.
Ahora, la gran pregunta es: ¿qué medidas se tomarán para evitar que hechos como estos se repitan en el futuro?