Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció la apertura de una investigación formal en contra de Diego Cancino, designado presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y exviceministro del Interior, por presunto acto sexual violento. Esta medida surge a raíz de la denuncia interpuesta por Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior, quien señaló a Cancino de haberla acosado sexualmente en un incidente reciente. La fiscalía ha dado prioridad a este caso, que ha generado interés público debido a la alta exposición del denunciado y su relación con una de las instituciones clave del Estado.
La investigación está a cargo del fiscal 219, perteneciente al grupo especializado en Delitos contra las Violencias Basadas en Género de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ha informado sobre las primeras acciones que se llevarán a cabo en el proceso. Este caso es uno de los varios que se encuentran bajo el escrutinio de las autoridades en Colombia, donde se busca afianzar la rendición de cuentas en casos de violencia de género.
Primeras acciones de la fiscalía en el caso de Diego Cancino
La fiscal Luz Adriana Camargo indicó que se ha definido un programa metodológico que guiará la investigación. Hasta la fecha, se han recopilado varias entrevistas preliminares y se han ordenado inspecciones de medios telefónicos en los que podrían existir evidencias relevantes, como chats o conversaciones entre Cancino y la denunciante. Según las declaraciones de Camargo, la fiscalía espera obtener pruebas sólidas a través de esta metodología que respalden o refuten las acusaciones, y se comprometió a esclarecer los hechos con total transparencia.
Viviana Vargas, quien se desempeña en el Ministerio del Interior, detalló en su denuncia que el comportamiento de Cancino la habría hecho sentir vulnerable, creando una situación de abuso de poder y generando una atmósfera laboral tensa. Este relato se convierte en el punto central de la denuncia, y Vargas afirma que está dispuesta a cooperar plenamente en la investigación. La fiscalía, por su parte, ha reafirmado su compromiso de actuar con independencia y objetividad, señalando que «no se permitirá la impunidad en un caso de esta gravedad».
Diego Cancino y la SAE: el impacto institucional
Diego Cancino había sido designado recientemente como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes incautados en casos de narcotráfico y corrupción. Este nombramiento, que debía consolidarse en las próximas semanas, queda ahora en el aire debido a las graves acusaciones que enfrenta. La SAE es un organismo fundamental en la gestión de activos recuperados en Colombia y que representa la lucha del Estado contra las economías criminales.
La llegada de Cancino a la presidencia de la SAE había sido vista como un esfuerzo de renovación, dado su anterior desempeño como viceministro del Interior y su experiencia en asuntos de orden público y justicia. Sin embargo, la controversia derivada de las denuncias de Vargas ha generado dudas sobre su idoneidad y capacidad para ocupar este rol de alta responsabilidad. La posibilidad de que un funcionario de su nivel esté involucrado en delitos de violencia de género afecta no solo a la imagen de la SAE sino también a la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.
Para el gobierno y la fiscalía, el caso de Cancino es una prueba de fuego en términos de credibilidad y coherencia en la lucha contra el acoso y la violencia de género, especialmente cuando estos actos provienen de altos cargos del gobierno. La rápida intervención de la fiscalía y la designación de un equipo especializado son señales de que se espera avanzar en el esclarecimiento del caso y, de ser necesario, aplicar sanciones contundentes.
La respuesta de la fiscalía frente a las denuncias de violencia de género en el ámbito laboral
Este caso pone de manifiesto la creciente necesidad de contar con protocolos efectivos para la prevención y denuncia de la violencia de género en el ámbito laboral, especialmente en el sector público. La fiscalía, bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo, ha señalado en varias ocasiones la importancia de crear un ambiente seguro para las mujeres que trabajan en las instituciones gubernamentales, promoviendo espacios donde las denuncias puedan hacerse sin temor a represalias.
La creación de unidades especializadas como el grupo de Delitos contra las Violencias Basadas en Género en la Fiscalía General de la Nación ha sido fundamental para abordar estos casos con el rigor necesario. Este grupo se dedica a investigar incidentes que van desde acoso sexual hasta violencia física, y ha sido una respuesta institucional para frenar la impunidad que rodea a muchos de estos delitos en Colombia. En palabras de Camargo, «la violencia de género es un fenómeno que afecta no solo a las víctimas directas, sino que mina la confianza de toda la sociedad en sus instituciones».
Es relevante mencionar que la denuncia de Viviana Vargas llega en un momento en el que la fiscalía ha aumentado sus esfuerzos para visibilizar y sancionar la violencia de género. La esperanza de las autoridades es que este caso sirva como un precedente en la gestión de denuncias contra funcionarios de alto perfil y motive a otras víctimas de abuso a acudir a las instancias judiciales.
¿Cuál será el desenlace del caso Cancino?
Este proceso aún se encuentra en sus primeras etapas, pero la reacción de la fiscalía marca un precedente importante en la forma en que Colombia responde a las denuncias de acoso y violencia de género en las instituciones públicas. La sociedad y los medios de comunicación están atentos a los próximos pasos de la fiscalía en la investigación contra Diego Cancino. La decisión que se tome podría convertirse en un ejemplo de justicia, sentando un precedente para la actuación en casos futuros.
¿Se mantendrá Cancino en el cargo de presidente de la SAE mientras se desarrolla el proceso, o el gobierno optará por buscar un reemplazo? El caso ha puesto a prueba la capacidad de las instituciones colombianas para responder de manera rápida y eficaz ante acusaciones graves contra figuras de alto nivel. Este escenario, que sigue en desarrollo, plantea interrogantes sobre la postura del gobierno en situaciones similares y sobre la capacidad de las autoridades para garantizar justicia en casos de violencia de género en el ámbito laboral.
