Desde su posesión el 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro ha designado una lista de gestores de paz con el fin de facilitar acercamientos y acuerdos con grupos armados. Esta figura, que en otros tiempos ha facilitado procesos de diálogo, se ha convertido en el centro de un intenso debate en Colombia, cuestionada por la inclusión de personas con antecedentes de delitos graves, que van desde homicidios hasta actos de terrorismo.
Según la información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se han asignado 43 gestores de paz, de los cuales 34 cuentan actualmente con resoluciones vigentes que avalan su rol. La lista incluye nombres vinculados a diferentes grupos armados, desde el ELN hasta las disidencias de las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las críticas desde diversos sectores políticos resaltan el riesgo de utilizar esta figura para otorgar beneficios judiciales a personas con un historial extenso de violencia y delitos de lesa humanidad.
Una lista controvertida y sus implicaciones en seguridad
Dentro de la lista de gestores de paz designados, figuran nombres que generan controversia debido a sus antecedentes. Algunos de estos individuos han sido acusados de participar en actividades delictivas relacionadas con el secuestro, el terrorismo y el narcotráfico. Entre los nombres con resoluciones vigentes, destacan:
- Daniel Carrascal Delgado y Horacio Antonio Montoya, vinculados a actividades de grupos armados ilegales.
- Luis Martín Ávila Celis y Vidal Mansalva Niño, acusados en múltiples casos de homicidio.
- Violeta Arango Ramírez, presunta integrante del Movimiento Revolucionario Popular (MRP), quien fue acusada formalmente por la Fiscalía por su supuesta participación en el atentado en el centro comercial Andino en 2017, evento que dejó tres personas muertas y varios heridos.
El caso de Arango Ramírez en particular ha generado una fuerte reacción. Según la Fiscalía, su rol en el atentado terrorista en el centro comercial Andino fue relevante, con 17 acciones delictivas que se le imputan. La designación de individuos con perfiles similares como gestores de paz levanta serios cuestionamientos acerca de los criterios utilizados para incluirlos en el proceso.
Salidas de prisión y beneficios judiciales: un cuestionamiento ético
La figura de gestor de paz permite que quienes la ostentan puedan acceder a ciertos beneficios judiciales, e incluso salir de prisión bajo condiciones específicas. Hasta la fecha, 15 personas designadas en esta categoría han salido de la cárcel, lo que genera preocupación en sectores de la opinión pública y dentro del sistema judicial. Entre ellos están:
- Rocío Carvajal Villamizar y Ruperto de Jesús Agudelo Quintero, ambos liberados como resultado de sus nombramientos.
- Nelson Jaimes Quintero y Luis Martín Ávila Celis, acusados de múltiples homicidios y vinculados a grupos de delincuencia organizada.
- Ramón Emilio Montejo Ureña y Jairo Arriguí Guenis, quienes han sido vinculados al Frente de Guerra del ELN, uno de los frentes más violentos de esta guerrilla.
Esta situación ha sido fuertemente criticada, ya que se considera que la libertad de estos individuos podría suponer una amenaza para la seguridad pública, al representar a figuras con un potencial delictivo elevado en roles aparentemente diplomáticos.
Para algunos sectores, la medida de liberar a los gestores de paz implica riesgos que superan los posibles beneficios. La opinión pública ha cuestionado los términos de los acuerdos que permiten este tipo de beneficios y la falta de transparencia en el proceso. Críticos de estas designaciones sostienen que el gobierno debería priorizar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos, en lugar de favorecer el retorno de estos individuos a la vida pública.
¿Una estrategia para la paz o una amenaza para la justicia?
Aunque el gobierno de Gustavo Petro justifica la designación de estos gestores de paz como parte de un plan integral para buscar soluciones pacíficas a los conflictos armados en Colombia, algunos analistas advierten que la inclusión de personas con historiales delictivos cuestiona los objetivos y la efectividad de esta estrategia. Se considera que estos nombramientos podrían socavar la confianza en el sistema judicial, al brindarles acceso a ciertos beneficios sin una rendición de cuentas clara.
Entre los nombres con resoluciones no vigentes, que han sido suspendidos de su rol como gestores de paz, se encuentran:
- Jaime Muñoz Dorado y Jeisson Ferney Lasso Devia, cuyas designaciones fueron revocadas tras ser cuestionados por posibles delitos.
- Rolan Arnulfo Torres Huertas y John Janier Trochez Medina, quienes cuentan con un historial delictivo que incluye actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro.
El debate sobre la efectividad de esta estrategia se mantiene en los medios y en el Congreso. Por un lado, el gobierno sostiene que el diálogo y la inclusión de estos actores en la sociedad podrían reducir la violencia y abrir nuevas puertas hacia una paz sostenible. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de selección, así como el impacto de permitir que personas señaladas de crímenes graves obtengan beneficios judiciales, genera desconfianza y cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones detrás de esta política.
La controversia sobre los gestores de paz refleja el desafío continuo de Colombia en su búsqueda de la paz. ¿Será esta estrategia la herramienta adecuada para avanzar hacia un país sin conflicto armado, o abrirá la puerta para que personas con un prontuario delictivo reciban beneficios sin haber cumplido totalmente con la justicia?
