En los primeros días de su nuevo mandato, el presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con una serie de redadas masivas que han resultado en la detención de más de 500 inmigrantes indocumentados en varios estados del país. Estas operaciones, dirigidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se han llevado a cabo en ciudades como Chicago, Miami, Nueva York y Los Ángeles.
La Casa Blanca ha defendido estas acciones argumentando que buscan la deportación de «criminales peligrosos», incluyendo presuntos miembros de pandillas y sospechosos de terrorismo. «Trump ha cumplido su promesa de restablecer el orden en nuestras fronteras y comunidades», declaró su portavoz, Karoline Leavitt. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de las detenciones se han realizado sin órdenes judiciales y que han sembrado el miedo entre las comunidades migrantes.
Paralelamente, la administración Trump ha ordenado el despliegue de 1.500 soldados adicionales en la frontera con México, elevando a 4.000 el número de efectivos en la zona. Un documento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revela que se planea movilizar hasta 10.000 soldados más para reforzar las medidas de seguridad y ampliar la construcción de barreras. Además, el presidente ha autorizado redadas en lugares sensibles como iglesias, escuelas y hospitales, eliminando restricciones previas a estas operaciones.
Sin embargo, Trump ha recibido un revés judicial en su intento de poner fin a la nacionalidad por nacimiento. Un juez federal bloqueó temporalmente su decre to, que buscaba negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. La decisión del magistrado sostiene que la medida podría violar la Constitución y afecta directamente a miles de familias migrantes. «Este es un golpe a la administración Trump y una victoria para los derechos civiles» , señaló un portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El endurecimiento de la política migratoria de Trump ha generado fuertes críticas. El alcalde de Newark, Ras Baraka, calificó las redadas como «ilegales y discriminatorias», mientras que activistas han denunciado que la comunidad inmigrante vive bajo constante temor. En tanto, abogados de derechos humanos han advertido que los tribunales podrían frenar más medidas migratorias de la administración en los próximos meses.
A pesar del fallo judicial, Trump ha insistido en su postura y ha prometido apelar la decisión para seguir adelante con su plan de reforma migratoria. «No permitiré que jueces activistas destruyan nuestro país», expresó en su red social Truth Social. Con las elecciones legislativas en el horizonte, la inmigración sigue siendo uno de los temas más candentes en la política estadounidense.
