El gobierno de Estados Unidos incautó este lunes el avión presidencial de Nicolás Maduro, líder de Venezuela, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones impuestas por Washington. La aeronave, valuada en aproximadamente 13 millones de dólares, fue enviada al estado de Florida como parte de una operación que involucra múltiples agencias federales estadounidenses, incluida la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Seguridad Nacional. Este movimiento es parte de las investigaciones en curso sobre las prácticas corruptas del gobierno venezolano y ha sido descrito como un «mensaje claro» de que nadie está por encima de la ley, según declaró un funcionario a CNN.
El avión, considerado el equivalente venezolano del Air Force One, había estado en la República Dominicana en los últimos meses antes de ser incautado, en colaboración con las autoridades dominicanas. La acción refuerza los esfuerzos de Washington por interrumpir el flujo de miles de millones de dólares hacia las arcas del régimen venezolano, como parte de una estrategia más amplia que ha incluido la incautación de otros activos de lujo. Este episodio se suma a las tensiones de larga data entre ambos países, en un contexto donde la situación en Venezuela ha generado implicaciones políticas significativas para Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la crisis migratoria.
La incautación del avión es un golpe simbólico y práctico al gobierno de Maduro, y marca un hito en las investigaciones criminales internacionales dirigidas por Estados Unidos. Ahora, el gobierno venezolano tiene la oportunidad de solicitar la devolución de la aeronave, aunque el proceso legal podría complicar dicha petición. Este acontecimiento coincide con la presión estadounidense para que el gobierno venezolano brinde mayor transparencia en sus procesos electorales, cuestionando la legitimidad de las recientes elecciones presidenciales en el país sudamericano.