El caso de Ábrego García generó controversia luego de que un documento judicial revelara que fue deportado a El Salvador el 15 de marzo junto con cientos de presuntos pandilleros. Su salida del país se produjo a pesar de que un juez había dictaminado en 2019 que no debía ser expulsado, ya que su vida estaría en peligro en su lugar de origen.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, admitió que la deportación fue un «error administrativo». Sin embargo, enfatizó que el migrante estaba vinculado con la MS-13 y lo describió como un «cabecilla» dentro de la estructura criminal.
Acusaciones sin condena penal
Según el gobierno estadounidense, Ábrego García habría estado implicado en actividades delictivas, incluyendo el tráfico de personas. No obstante, hasta el momento, no se ha presentado una condena penal en su contra. En 2019, durante el primer mandato de Trump, fue acusado de pertenecer a la MS-13, pero las pruebas presentadas no fueron suficientes para proceder con una sentencia judicial.
«Este individuo era miembro de la brutal y viciosa pandilla MS-13», declaró Leavitt, justificando su expulsión. Además, aseguró que el gobierno cuenta con «inteligencia creíble» que demostraría su implicación en el tráfico de personas.
La lucha contra la MS-13 bajo la administración Trump
Durante su mandato, Donald Trump tomó medidas severas contra la MS-13, declárandola una organización terrorista global. Esta designación permitió el endurecimiento de las políticas migratorias y la deportación masiva de presuntos integrantes de la pandilla.
El caso de Ábrego García pone en la mira el proceso de deportaciones y las decisiones administrativas en torno a migrantes con protección legal. Mientras el gobierno estadounidense sostiene que la medida fue justificada por sus presuntos vínculos criminales, la falta de una condena judicial genera dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso.
