Con la expedición del Decreto 0665 del 24 de mayo de 2024 se adopta oficialmente la Política Pública y el Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de las conductas criminales u organizaciones que atenten contra defensores de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales o movimientos políticos, o que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz.
Bogotá, 13 de junio de 2024. Un nuevo logro se materializa en el Gobierno del Cambio tras un cuidadoso y comprometido proceso liderado por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, que pone en marcha nuevas disposiciones jurídicas con las cuales se espera contribuir a la protección de la vida e integridad de las personas en riesgo por la labor que desempeñan en defensa de los derechos humanos, su participación en movimiento sociales y políticos, o por tratarse de firmantes del Acuerdo Final de Paz, entre otros.
Con la expedición del Decreto 0665 del 24 de mayo del 2024 se pone en marcha la Política Pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, aprobada el pasado 7 de septiembre en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, bajo el liderazgo del presidente de la república, Gustavo Petro Urrego.
Con esta norma las entidades del gobierno nacional y demás autoridades territoriales deberán adelantar, con enfoque integral, acciones coordinadas y priorizadas en las regiones más afectadas, para desarticular de manera efectiva las organizaciones y conductas criminales objeto de la política, así como para prevenir su surgimiento.
“Con el Decreto 0665 del 24 de mayo se da vía libre a este marco legal para entender el desmantelamiento no solo como la eliminación de una estructura criminal, sino como la acción del Estado de llevar colectivamente a la transformación del territorio. Vamos a concretar las rutas de las áreas de mayor interés y luego se convocará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es la instancia donde tomamos las decisiones”. Explicó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Adicionalmente se iniciará el proceso de implementación del Plan de Acción Permanente, así como las demás funciones otorgadas en el Decreto Ley 154 de 2017; esto significa también que ahora se cuenta con más herramientas que garanticen los recursos para el despliegue de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, apalancados con cargo al presupuesto de las entidades que la integran, más recursos de inversión y cooperación internacional.
“La política desmantelamiento es un elemento muy fundamental en el proceso global de implementación del Acuerdo de Paz, y nos parece que es una buena base para llevar a cabo acciones que realmente conduzcan al desmantelamiento de las organizaciones criminales en el país”, expresó Raúl Rosende, representante especial adjunto y jefe adjunto de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Los indicadores del Plan de Acción Permanente y los de impacto de la política pública permitirán realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de su implementación por medio de un sistema de información con salidas geográficas, que será interoperable con la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
Con la política adoptada se empezarán a desarrollar acciones para transformar los territorios en regiones de paz, convivencia y reconciliación, fortaleciendo la institucionalidad y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de una oferta de servicios que garanticen su buen vivir. Esto debilitará las estructuras armadas ilegales y restablecerá la seguridad humana de los colombianos.
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