El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido un fallo crucial para el futuro de los hipopótamos en libertad en Colombia. Esta decisión obliga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a desarrollar una regulación específica que permita ejecutar acciones inmediatas para controlar la expansión de esta especie, a través de la caza controlada y la esterilización de los animales. La orden surge en respuesta a una acción popular presentada por el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado, quien solicitaba la protección de los derechos colectivos vinculados al medio ambiente y el equilibrio ecológico.
El fallo judicial subraya la necesidad de preservar el derecho al «Goce de un Ambiente Sano», por lo que el Ministerio de Ambiente deberá, en un plazo de tres meses, elaborar una normativa que contemple las pautas para la captura, control y eliminación de los cadáveres de los hipopótamos. Esta normativa debe balancear el equilibrio ecológico, el bienestar animal y la prohibición de cualquier trato cruel hacia los animales.
Un comité interdisciplinario para enfrentar la situación
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es la orden de crear un comité interdisciplinario que estará a cargo de evaluar las diferentes alternativas para el manejo de los hipopótamos. Dentro de estas opciones se encuentran la reubicación, la captura y la esterilización de los ejemplares que se encuentran en libertad, principalmente en la cuenca media y baja del río Magdalena, donde la especie ha encontrado un entorno propicio para reproducirse.
Este comité no solo se enfocará en la erradicación controlada de los hipopótamos, sino también en garantizar que los métodos empleados respeten el bienestar animal. De igual manera, el fallo prohíbe de manera tajante el ingreso y comercio de especies que puedan representar una amenaza para los ecosistemas locales o que puedan contribuir al maltrato animal.
Actuaciones de las autoridades locales y su papel en la erradicación
La sentencia del tribunal también involucra a varias autoridades locales y regionales, entre ellas las corporaciones autónomas regionales, como Cornare y Corantioquia, que deberán coordinar esfuerzos con el Ministerio de Ambiente para llevar a cabo la captura y esterilización de los hipopótamos. Estas corporaciones también están obligadas a mejorar las instalaciones para contener de manera segura a los animales una vez sean capturados.
Además, el tribunal ordenó que se realicen labores de monitoreo y búsqueda activa de los hipopótamos en libertad, con especial énfasis en la zona del río Magdalena, donde estos animales han proliferado de manera considerable. Esta vigilancia será clave para controlar la población, que ha crecido sin freno desde que los hipopótamos llegaron al país en los años 80, tras haber sido introducidos ilegalmente por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar.
El municipio de Puerto Triunfo, donde se encuentra la antigua Hacienda Nápoles —lugar donde originalmente se asentaron los primeros ejemplares de hipopótamos—, también tiene un papel crucial en esta operación. Deberá negociar con el Parque Temático Hacienda Nápoles para ampliar la capacidad de recibir más animales capturados. Esto es fundamental dado que el parque ha sido uno de los pocos lugares con instalaciones adecuadas para albergar a estos ejemplares, cuya población se estima en más de 100 individuos.
Participación de entidades científicas y ambientales en la ejecución de medidas
El fallo del Tribunal de Cundinamarca también hace un llamado al Ministerio de Ambiente, junto con las corporaciones regionales Cornare y Corantioquia, para que se asocien con universidades o institutos científicos de renombre como el Instituto Humboldt o el IDEAM. Estas alianzas serán fundamentales para la ejecución de las medidas ordenadas, ya que estas entidades tienen los recursos técnicos y el conocimiento necesario para llevar a cabo estudios sobre la localización, captura y control de los hipopótamos en libertad.
Se espera que estos estudios ofrezcan datos precisos sobre la distribución de los hipopótamos y la efectividad de las medidas de control implementadas, lo cual permitirá que las autoridades tomen decisiones más informadas y ajustadas a las realidades locales. Además, el comité interdisciplinario podrá recibir asesoría técnica y científica para garantizar que las acciones emprendidas no solo sean efectivas, sino también respetuosas con el medio ambiente y los derechos de los animales.
Comité de verificación y expectativas futuras
Para garantizar que todas estas medidas sean cumplidas a cabalidad, el Tribunal también ordenó la conformación de un comité de verificación. Este comité estará compuesto por un delegado de la Procuraduría General de la Nación, representantes del actor que interpuso la acción popular, así como de las entidades demandadas. Su misión será supervisar el cumplimiento de las órdenes emitidas, asegurándose de que se sigan las pautas estipuladas y que se tomen las acciones necesarias para proteger el medio ambiente y el bienestar de los hipopótamos.
Este fallo marca un paso crucial en el manejo de la problemática de los hipopótamos en Colombia, una especie que, aunque exótica y simbólica para algunos, representa una seria amenaza para el equilibrio de los ecosistemas locales. Las medidas que se tomen en los próximos meses determinarán el éxito o fracaso de este esfuerzo, y queda la pregunta de si el país será capaz de frenar la expansión de estos animales antes de que los daños al medio ambiente sean irreversibles.
