A principios de agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó a la empresa Thomas Greg & Sons y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la posible emisión de una sentencia anticipada en el litigio relacionado con el contrato para la emisión de pasaportes. Sin embargo, el proceso judicial ha sido suspendido y podría reanudarse en los primeros días de septiembre.
Esta suspensión se debe a que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que representa los intereses del Gobierno en los procesos judiciales, no ha intervenido aún en el caso, según un auto firmado por la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada. La ANDJE manifestó su intención de participar en el proceso el 1 de agosto.
La abogada Alexandra Forero, representante legal de la ANDJE, presentó un memorial de dos páginas en el que anunció la intervención de la Agencia en el proceso. Además, solicitó la suspensión del litigio por un período de treinta días y pidió acceso al expediente virtual del caso, que comenzó en enero de este año.
El Tribunal, en respuesta, recordó que la ANDJE puede intervenir en cualquier etapa del proceso y que su intervención suspende automáticamente el litigio por treinta días. Por lo tanto, el proceso quedó suspendido desde el 1 de agosto de 2024, y cualquier solicitud pendiente se resolverá cuando se reanuden los términos.
Esta suspensión es significativa porque, a principios de agosto, el Tribunal había indicado que se emitiría una sentencia «anticipada» en el caso, lo que significaba que la resolución podría llegar en unos meses en lugar de varios años. Cabe destacar que el contrato actual con Thomas Greg & Sons para la fabricación de pasaportes expira el 2 de octubre.
El litigio tiene su origen en la demanda presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons, para anular la decisión del Gobierno de declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes en Colombia. En respuesta a esta demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a finales de julio, determinó que el conflicto se resolvería más rápido de lo esperado, desestimando algunas pruebas solicitadas por la Cancillería.
El conflicto surgió cuando la Cancillería emitió dos resoluciones en las que negaba la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons, empresa que llevaba varios años encargada de la tarea. En febrero de este año, el entonces secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, anuló estas resoluciones y reactivó el proceso licitatorio, lo que llevó a su destitución por parte del presidente Gustavo Petro. En junio, una nueva resolución revocó las acciones de Salazar, y la demanda continuó su curso, siendo admitida por el Tribunal en abril. Desde entonces, se han examinado algunas pruebas y propuestas.
El Tribunal decidió que los testimonios solicitados por el Ministerio de Exteriores no eran pertinentes, ya que se referían a aspectos ya contenidos en el expediente, como los antecedentes de la licitación y las especificaciones técnicas de los pasaportes electrónicos. Por lo tanto, el Tribunal solo admitirá pruebas documentales.
La eventual sentencia podría ser desfavorable para el Estado si se demuestra que el Gobierno utilizó motivos falsos para anular ilegalmente el proceso licitatorio, como alega Thomas Greg & Sons. La empresa, además de solicitar la anulación de las resoluciones, exige una compensación de más de 115.000 millones de pesos
